Políticas 9: La primera privatización del menemismo

La privatización de los canales 11 y 13

El proceso privatizador de los canales 11 y 13 fue el puntapié inicial para la concentración mediática más intensa que se haya generado en la historia de nuestro país.
Finalmente, el modelo que comenzó a desplegarse durante la dictadura militar encontró su apogeo y consolidación en la década del 90, apoyado en dos pilares centrales: una opinión pública dócil y una Corte Suprema afín.
La Ley 23686 de 1989, conocida como Ley Dromi o Ley de Reforma del Estado en su Art. 65 impuso como único requisito para acceder a la propiedad de los medios no tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras. Por consiguiente, las empresas periodísticas nacionales ya existentes podían tener licencias de radiodifusión y con ello se torna posible la conformación de grupos multimedia. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) fue un factor de presión para esta resolución. También Clarín constituyó un aliado natural de esta postura ante la ofensiva que se esperaba por parte de Berlusconi, Murdoch, Televisa ó Warner. La Ley mencionada asimismo integró una cláusula por la cual el pasivo de los canales estatales a privatizar sería asumido nuevamente por el Estado Nacional.
Muy pronto, la privatización de los canales 11 y 13 se transformó en una cuestión social. Canal 11 estaba en situación de embargo y Canal 13 tenía grandes dificultades para financiarse. Se sucedieron numerosos paros de sindicatos de trabajadores de la industria, incluyendo a los actores, lo que dejó a los canales sin contenidos para emitir. Seguido, se realizó la asamblea más masiva de la historia en la que por primera vez se unieron todos los sindicatos del rubro, que se manifestaron durante la emisión de los premios Martín Fierro. En ese momento nace COSIMETCOS, la Comisión Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social. Momentáneamente, el gobierno desplazó de la agenda la cuestión de la privatización para pasar a discutir el cierre de los canales. La alternativa parecía ser “privatización o cierre”.
Al día siguiente de la protesta se pactó con el gobierno la coadministración de los canales entre los interventores designados por el Estado y los gremios, bajo la consigna de que si los mismos lograban autofinanciarse no iban a ser cerrados. El no cierre gana la pulseada y la privatización deviene incuestionable.
Durante el período de la co- administración, los canales lograron efectivamente autofinanciarse pero las políticas de contenidos no variaron un ápice, continuaban más que nunca guiándose por un criterio de rentabilidad económica. Aquí reside la contradicción: cuando por primera vez estuvo al alcance de los gremios la oportunidad histórica de definir los contenidos, esta posibilidad se vio cercenada por persistir la misma política de financiamiento. Al final del día, los sueldos dependían de la pauta publicitaria.
Finalmente el presidente Menem firmó el Decreto 830/ 1989 por el cual se declaraba el llamado a licitación para ambas emisoras. Desprenderse de los canales no redituaba demasiado pero era necesario como golpe de efecto privatizador.
La COSIMETCOS demandaba que en los pliegos figurase el llamado PPP (porcentaje de propiedad participada) a favor de los trabajadores, como así también rescatar el archivo fílmico de lo producido, a modo de “patrimonio cultural” y obtener representación en los cuerpos directivos de las emisoras. No lograron ninguna de estas metas, simplemente se suspendieron los despidos por un año.
Las licencias fueron concedidas a Televisión Federal SA (Telefé), conformada por Editorial Atlántida, y a Arte Radiotelevisivo Argentino SA (Artear), integrada por el Grupo Clarín.
Como dijimos, el acto de adjudicación no representó un gran beneficio económico para el Estado, pero fue convertido en una tribuna mediática sin precedentes, fenómeno que resultó útil al gobierno para alinear la propia tropa, refrendar el objetivo de su gobierno y dejar en claro que la avanzada privatizadora recién comenzaba. Ahora también el “cuarto poder” estaba alineado para poder volcar a la opinión pública a favor de estas políticas. Era entonces el turno de ENTeL.
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Bibliografía:
Baranchuk, M. (2006) Canales 11 y 13: la primera privatización de la década menemista. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.