Políticas 7: Relaciones peligrosas: Los medios y la dictadura del ´76

La PNC implementada por la dictadura militar que gobernó del ´76 al ´83 fue explícita y activa. Desde una lógica plenamente instrumental, buscó obtener un consenso social que le permitiera llevar adelante sus dos acciones fundamentales: la lucha represiva contra todo lo que definieron como subversivo y la implementación de un nuevo patrón de acumulación basado en la valorización financiera.
Las principales herramientas fueron la censura, el control por medio de organismos de supervisión y la dependencia económica de los medios respecto del Estado (ya sea como el principal anunciante publicitario, mediante el otorgamiento de subsidios, generando condiciones diferenciadas para la compra de insumos, etc).
En esta etapa la brecha entre ricos y pobres se amplió en un 50% y la deuda externa se multiplicó por seis. Fue además un período de gran fuga de capitales. Más de un centenar de trabajadores de prensa fueron desaparecidos, decenas de ellos fueron asesinados y otros obligados al exilio. Muchas empresas periodísticas fueron allanadas, sus directores y reporteros detenidos y encarcelados. Se intervino militarmente la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras.
El objetivo principal era el disciplinamiento de una sociedad que tenía altos niveles de politización. El enemigo ideológico se “filtraba” a través de la industria cultural y los medios de comunicación. El terrorismo de Estado necesitó de una clara política de desinformación, manipulación y censura, así como de un poderoso mecanismo de inteligencia, para llevar a cabo sus objetivos. El gobierno conformó organismos específicos como el Comité de Estudios sobre los Medios de Comunicación Escritos y el Centro de Investigaciones Psicosociales Aplicativas (CIPA). Asimismo, en la casa rosada, funcionaba un Servicio Gratuito de Lectura Previa, a donde debían enviarse los triplicados de cada edición, un juego para ser devuelto con correcciones y los otros dos para su censura posterior. El organismo rector en materia de comunicaciones era la SECOM.

Paradójicamente, pese a declamar el liberalismo económico en todos los planos, nunca cedieron el control de los canales y radios que gestionaban.
La Secretaría de Información Pública (SIP) elaboró un Plan Nacional de Comunicación Social, dentro de la cual un departamento específico se encargaba de producir todo el material gráfico y audiovisual de la propaganda gubernamental; a su vez, el gobierno contrató a las principales agencias publicitarias que funcionaban en el país.

Varela (2001) describe dos etapas diferenciadas en el manejo de los medios:
- Entre 1976 y 1980, una etapa de persecución y censura.
- Entre 1980 y 1983 se produce un quiebre del discurso monolítico de la dictadura, que se acentúa luego de la derrota de Malvinas.

La autocensura interna reguló sin necesidad de configurar una oficina centralizada, los medios “entraron en cadena”, limitaron su crítica casi exclusivamente a la política económica.
La Armada se quedó con el control de la SIP y el canal 13; el Ejército tuvo bajo su órbita la Secretaría de Prensa y Difusión, Canal 7 y Canal 9; la Fuerza Aérea controló Canal 11.
El Estado subsidió a los medios gráficos determinando un dólar más barato para la importación. Aún así, los medios culminaron el período en una situación de descalabro financiero, juicios por incumplimiento de contratos y archivos derruidos.
En esta etapa surgen las FM, que fueron adjudicadas a cada una de las AM. Éstas tuvieron una programación principalmente musical y no lograron una audiencia importante hasta los años 80.

Tres casos relevantes

- La negociación extrajudicial con los ex licenciatarios para la nacionalización de los canales de TV

El único que no cedió fue Romay, que nunca había estado dispuesto a vender, y sostuvo la situación judicial hasta 1982, año en que recuperó la titularidad.

- La incorporación de la Norma PAL- N para la emisión de señales en color

Una de las condiciones que había impuesto la FIFA para la realización de la Copa Mundial del 78 era la transmisión por TV en color. Aunque la racionalidad económica indicaba que se optaría por la norma NTSC promovida por los Estados Unidos, el gobierno finalmente se inclinó por la norma alemana PAL- N, posiblemente como parte del acuerdo con la FIFA. Finalmente, los partidos sólo se emitieron en color para el exterior. Recién en 1980 se implementó la nueva tecnología fronteras adentro.

- La transferencia de acciones y la conformación de Papel Prensa como sociedad mixta.

Cuando la dictadura llegó al poder, la mayoría de las acciones estaban en poder de la familia Graiver. Su presidente, David Graiver, fue acusado por sus vinculaciones con Montoneros y muerto en un dudoso accidente aéreo en 1976. Al año siguiente, el gobierno forzó a la familia a deshacerse de las acciones y se quedó con el 25% del paquete. El porcentaje restante fue ofrecido a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa. Esta última no aceptó aduciendo compromisos previos con papeleras canadienses y finlandesas. El traspaso a las tres empresas restantes se realizó por 8 millones de dólares y el mismo gobierno financió los montos a través del Banco Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, se acompañó el acuerdo con un importante subsidio al consumo eléctrico y el aumento del 48% en los aranceles a la importación de papel. Esta acción generó ventajas comparativas para Clarín, La Nación y La Razón.

La Ley de Radiodifusión 22285

En 1980 el gobierno de Videla sancionó el Decreto- Ley de Radiodifusión 22285 inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional. La norma fue diseñada por el Poder Ejecutivo en conjunto con las principales asociaciones patronales del sector (ARPA y ATA), de ahí que su contenido refleje la coincidencia de los intereses del Estado (control ideológico) y los empresarios (fin de lucro).

- Definición del servicio: De interés público (con rol subsidiario del Estado)
- Sistema: mixto competitivo (SOR + Privados)
- Financiamiento: publicidad hasta 14´/ hora en radio y 12´/hora en TV, incluyendo institucionales
- Duración de las licencias: 15 años, prorrogable a 10.
El directorio del licenciatario puede estar integrado hasta por 20 personas físicas, identificables. No se permiten Sociedades Anónimas. Sólo entidades con fines de lucro.
- Autoridad de aplicación: COMFER (Integrado por las tres FFAA+ SIP+ SECOM+ SIDE (con voz y voto)+ Iglesia+ Entidades de radio y TV (con vos y sin voto).
- Redes: No se permiten.
Se permiten hasta 3 licencias de radio AM + 1 de TV en distintas zonas + 1 FM+ 1 CCTV+ 1 cable (estos últimos definidos como “servicios complementarios” sin regulación específica)
- Capital extranjero: no admitido
Tampoco admite la participación de empresas de medios gráficos.

El Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA)

Aprobado en 1981 para fijar localizaciones, potencias, frecuencias y categorías de los diferentes servicios que conformaban el sistema de radiodifusión, en tres etapas que se extenderían hasta 1994. Se proponía ordenar el espectro, privatizar las emisoras de radio del Estado y algunas señales de TV y llamar a concurso para nuevas licencias.
Tal como estaba diseñado, hubiera permitido el ingreso de nuevos actores, pero siempre bajo el férreo control del Estado.

Causas del colapso

- El grado de aventurerismo militar desplegado por un sector de las FFAA en torno del conflicto con Chile.
- El dólar trepa a cifras siderales. La suba de las tasas de interés por parte de los Estados Unidos tornó impagable la deuda externa. Cavallo, presidente del Banco Central, estatizó la deuda privada.
- Recomposición del movimiento social que comienza a emitir expresiones de rechazo a la dictadura
- El fracaso de la Guerra de Malvinas y la evidencia de la manipulación informativa con propaganda triunfalista

Cuando la salida de las FFAA del poder comienza a verse como inminente, se ejecuta una ola de privatizaciones en los canales de TV. Canal 11 queda vacante debido a la deuda que poseía. El único oferente es Héctor Ricardo García, y éste se encontraba impedido por Ley para acceder a la licencia. La licitación de Canal 13 fue declarada desierta porque ningún oferente llegó a cubrir el valor del edificio y sus instalaciones. Finalmente, canal 9 es restituido a Romay mediante un fallo que le reconocía la propiedad del edificio y le adjudicaba el beneficio del lucro cesante.
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Bibliografía:

Postolski, G. y Marino, S. (2006) Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.