El gobierno de Fernando de la Rúa, que llega al poder en 1999 deja intacto el modelo menemista, profundizando el régimen neoliberal en lugar de encarar una propuesta reformista. La intervención en el campo de las comunicaciones fue una constante. El gobierno debía cumplir con las expectativas de austeridad y transparencia que había generado durante su campaña. Tuvo una actitud permanente de hacer cumplir la ley que fue totalmente contradictoria con los argumentos esgrimidos para cambiarla. El sistema no se democratizó ni federalizó, aunque el gobierno brindó apoyo al sector social de las comunicaciones; pero restringido a un papel subsidiario (incentivó radios de frontera, cárceles, universitarias y en zonas de fomento).
La primera medida adoptada por De la Rúa fue el veto expeditivo a la Ley RTA que había dejado pendiente de promulgación el Menemismo. A través del Decreto 94/01 se crea el Sistema Nacional de Medios Públicos (SMNP), conocido como el “multimedios oficial”, que en ese momento integraba el SOR, Canal 7 y Télam, y a su vez se delegó en la Secretaría de Cultura y Comunicación el ejercicio de los derechos societarios que le correspondían al Estado Nacional por su participación en el capital accionario del sistema. Asimismo, se produjo la difundida “recuperación de ATC”, cuya frecuencia en canal 7 iba a ser licitada entre oferentes privados, para lo cual se le iba a asignar al canal oficial una nueva frecuencia, el canal 4. Este accionar ilustra la negativa del gobierno a perder el control sobre los medios estatales. El SMNP se configuró como un servicio público pero gubernamental, dependiendo directamente del PEN y sin instancia colegiada e independiente de control.
En esta etapa se llevaron a cabo diversas iniciativas para normalizar el espectro radiofónico, se revisaron las adjudicaciones realizadas en el período anterior y se revocaron más de la mitad. En el 2001 se adjudicaron provincia por provincia todas las frecuencias disponibles. Paralelamente se emprendió la lucha contra las radios “clandestinas”, habilitando un sistema de denuncias y decomisando aquellas que transmitían sin permiso. Esta iniciativa estuvo motivada por el lobby de los propietarios de los grandes multimedios, que pretendían eliminar a la competencia.
El mismo año, De la Rúa firmó el Decreto 1473 por el cual se levantó la suspensión del PLANARA, que había quedado sin efecto por decreto de Alfonsín y hasta tanto no se dictara una nueva Ley de Medios. Así, se presentó el Nuevo Plan Nacional de Televisión que aspiraba a otorgar 50 licencias para TV abierta en todo el país.
En el año 2000 hubo un intento por presentar un Proyecto de Ley de Radiodifusión, anunciado por el COMFER, Lopérfido y Aguiar. El proyecto fracasó en el parlamento por la falta de acuerdo en la emisión de un dictamen por parte de la Comisión de Comunicaciones. La propuesta conservaba la estructura de propiedad de la Ley vigente, lejos de desmontar los cambios operados durante la década del 90, les daba fuerza de Ley. Al igual que en este caso, el resto de las políticas del gobierno delarruista dio lugar a procesos burocráticos complejos y luchas de intereses.
En el año 2001, los propietarios de medios obtuvieron la reducción del 63% (radio) y de hasta el 66% (TV) en el pago de los gravámenes que abonan por la explotación de las licencias, beneficio convalidado por el Decreto 1522.
El caso Telefónica.
La empresa había adquirido el Canal 9 (Azul TV) mientras que ya era propietaria de Canal 11, situación que estaba prohibida por Ley. La medida revocatoria recién se dicto a fines del 2001, no debido al impulso del COMFER, sino a revelaciones provenientes de Defensa de la Competencia.
En referencia a la gestión de De la Rúa, podemos decir que se buscó construir una imagen de eficiencia y transparencia, pero las decisiones importantes se definieron siempre a puertas cerradas, lobby mediante, mientras se continuaba con el ejercicio de contraloría estatal basado en la Ley de la dictadura. Quienes fueron los verdaderos reguladores de este período, Telefónica y Clarín, consiguieron normativas puntuales que fueron funcionales a sus intereses y conservaron sus privilegios existentes a cambio de ceder al Estado la fiscalización de contenidos y el control de los medios públicos. El regulador compartió su poder con el regulado.
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Bibliografía:
García Leiva, M. T. (2006) Fin del milenio: concentración, continuidad y control. Una mirada sobre las políticas de radiodifusión del gobierno de Fernando de la Rúa.. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
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