Happy new year
crappy new year
slappy new year
gappy new year,
angry new year
ashy new year
acid new year
fucking new year.
jueves, 30 de diciembre de 2010
miércoles, 29 de diciembre de 2010
lunes, 27 de diciembre de 2010
MFX2
... y justo cuando estaba a punto de maldecir la Navidad para siempre, me colgaste esa maravillosa luna sobre los cielos. Y simplemente no pude.
Luna hermosa.
No pude.
viernes, 24 de diciembre de 2010
Atia de los Julios
Una versión de la leyenda asegura que ella murió doce años antes. La otra, la que más me gusta a mí, cuanta que Atia de los Julios, la mujer más impactante de Roma, estuvo en el palco del senado aquél día en que su hijo se proclamó emperador.
Pocas mujeres tuvieron tanta influencia entre las siete colinas de Roma como Atia de los Julios. Su extraordinaria belleza y quinientos años de linaje familiar aristócratico le dieron el poder de influir en las decisiones de los grandes hombres. Su gran amor fue Marco Antonio, a quien adoraba profundamente, pero con quien tenía una relación tortuosa e imposible.
Su hijo César Augusto, o Cayo Julio César Octaviano, era el joven más inteligente de Roma y fue adoptado por su tío abuelo, Julio César, Cónsul de la República, como heredero legítimo.
En el año 44 A. C., Julio César fue acusado de querer establecer una tiranía y su hombre de mayor confianza, Cayo Bruto, le dio la puñalada final sobre el mármol del senado. La República se convirtió en tierra de nadie. Cientos de personas morían en las guerras civiles entre las comarcas. Marco Antonio, el general plebeyo, aconsejado por Atia, pactó con los senadores una amnistía general a cambio de convertirse en Cónsul para pacificar Roma. Durante su gobierno gozó de gran popularidad por su carisma y su habilidad para atender a las necesidades del pueblo. El joven Octaviano no pudo tolerar que el amante de su madre, un plebeyo alcohólico y mujeriego, gobernara la República. Cayo Bruto, exiliado en Grecia también tenía planes de marchar con su ejército para restaurar el antiguo régimen.
Cuando Marco Antonio, después de haber perdido su primera batalla contra Octaviano, debió exiliarse en la Galia Cisalpina, fue Atia quien recorrió cientos de kilómetros para darle aliento. Del mismo modo, fue Atia de los Julios quien le aconsejó pactar una alianza provisoria con su hijo para derrotar a Bruto. También fue Atia, la mujer más implacable de Roma, quien, en el sótano de su casa, mandó torturar a los traidores hasta matarlos para arrancarles su confesión, pagándoles a sus esclavos con sexo para que lo hicieran.
Cuando Octaviano y Marco Antonio derrotaron y dieron muerte a Bruto en Grecia, su madre, Servilia de los Junios, supo inmediatamente a quien acudir por venganza. “Atia de los Julios, pido justicia” –gritó durante días, arrodillada sobre la calzada de Roma. Finalmente Atia se asomó a su puerta y escuchó la maldición a la que habría de condenarla Servilia:
- “Por los espíritus de mis ancestros te maldigo, Atia de los Julios. Que los perros te ultrajen, que tus hijos mueran y sus casas se quemen. Que vivas una vida larga y miserable llena de amargura y vergüenza. Dioses del averno, les ofrezco su cabeza, su boca, su aliento, su corazón, su hígado. Dioses del infierno, dejen que sufra profundamente, y yo me sacrificaré por ustedes.”
Así fue como Servilia se suicidó, dejándole su maldición de por vida.
Pero cuando el joven Octaviano, heredero del César, exilió a Marco Antonio en Egipto y la hambruna y la sequía asolaron a Roma por años, fue Atia quien cruzó el Mediterráneo para rogar que el general plebeyo les enviara granos. Marco Antonio, hipnotizado por las sustancias y los encantos de Cleopatra, se negó a verla. Atia regresó y su hijo decidió invadir Egipto.
Rápidamente el tribuno de Roma esparció la noticia de que el amado General, ahora Gobernador de Egipto, se pintaba los ojos con carbones emulando a los dioses de lo más bajo y compartía sus días con una reina tirana, en medio de orgías y ritos demoníacos. Fue entonces cuando Marco Antonio perdió el amor de su pueblo.
Acorralado por Octaviano y traicionado por Cleopatra, Marco Antonio se suicidó en el trono de Alejandría, usando su espada romana. Atia de los Julios se sumió durante meses en una profunda depresión.
Pero ese día en que el joven Octaviano se proclamó emperador, Atia de los Julios, la mujer más poderosa de Roma, se levantó de la cama, se puso sus mejores joyas y un hermoso vestido azul para acudir al senado. Su nuera no la dejó pasar, pero Atia, la mujer con la mirada más intimidante de Roma, la desafió:
- “Sé lo que estás pensando. Estás jurando que algún día me vas a destruir. Mujeres mucho mejores que tú han jurado lo mismo. Anda y ve a buscarlas.”
Atia tomó su lugar en el palco. En las calles, el cadáver de Marco Antonio, se paseaba en un carro mientras el pueblo lo escupía y apedreaba. Atia de los Julios, la mujer más bella y gélida de Roma, apartó con un gesto de desprecio la mirada de su hijo el emperador y con los ojos perdidos en las colinas lloró largamente, lloró por su gran amor.
El Imperio romano se fundó sobre las lágrimas de esta mujer. Entonces tal vez sea verdad:
Tal vez sí podamos elegir nuestra derrota.
Pocas mujeres tuvieron tanta influencia entre las siete colinas de Roma como Atia de los Julios. Su extraordinaria belleza y quinientos años de linaje familiar aristócratico le dieron el poder de influir en las decisiones de los grandes hombres. Su gran amor fue Marco Antonio, a quien adoraba profundamente, pero con quien tenía una relación tortuosa e imposible.
Su hijo César Augusto, o Cayo Julio César Octaviano, era el joven más inteligente de Roma y fue adoptado por su tío abuelo, Julio César, Cónsul de la República, como heredero legítimo.
En el año 44 A. C., Julio César fue acusado de querer establecer una tiranía y su hombre de mayor confianza, Cayo Bruto, le dio la puñalada final sobre el mármol del senado. La República se convirtió en tierra de nadie. Cientos de personas morían en las guerras civiles entre las comarcas. Marco Antonio, el general plebeyo, aconsejado por Atia, pactó con los senadores una amnistía general a cambio de convertirse en Cónsul para pacificar Roma. Durante su gobierno gozó de gran popularidad por su carisma y su habilidad para atender a las necesidades del pueblo. El joven Octaviano no pudo tolerar que el amante de su madre, un plebeyo alcohólico y mujeriego, gobernara la República. Cayo Bruto, exiliado en Grecia también tenía planes de marchar con su ejército para restaurar el antiguo régimen.
Cuando Marco Antonio, después de haber perdido su primera batalla contra Octaviano, debió exiliarse en la Galia Cisalpina, fue Atia quien recorrió cientos de kilómetros para darle aliento. Del mismo modo, fue Atia de los Julios quien le aconsejó pactar una alianza provisoria con su hijo para derrotar a Bruto. También fue Atia, la mujer más implacable de Roma, quien, en el sótano de su casa, mandó torturar a los traidores hasta matarlos para arrancarles su confesión, pagándoles a sus esclavos con sexo para que lo hicieran.
Cuando Octaviano y Marco Antonio derrotaron y dieron muerte a Bruto en Grecia, su madre, Servilia de los Junios, supo inmediatamente a quien acudir por venganza. “Atia de los Julios, pido justicia” –gritó durante días, arrodillada sobre la calzada de Roma. Finalmente Atia se asomó a su puerta y escuchó la maldición a la que habría de condenarla Servilia:
- “Por los espíritus de mis ancestros te maldigo, Atia de los Julios. Que los perros te ultrajen, que tus hijos mueran y sus casas se quemen. Que vivas una vida larga y miserable llena de amargura y vergüenza. Dioses del averno, les ofrezco su cabeza, su boca, su aliento, su corazón, su hígado. Dioses del infierno, dejen que sufra profundamente, y yo me sacrificaré por ustedes.”
Así fue como Servilia se suicidó, dejándole su maldición de por vida.
Pero cuando el joven Octaviano, heredero del César, exilió a Marco Antonio en Egipto y la hambruna y la sequía asolaron a Roma por años, fue Atia quien cruzó el Mediterráneo para rogar que el general plebeyo les enviara granos. Marco Antonio, hipnotizado por las sustancias y los encantos de Cleopatra, se negó a verla. Atia regresó y su hijo decidió invadir Egipto.
Rápidamente el tribuno de Roma esparció la noticia de que el amado General, ahora Gobernador de Egipto, se pintaba los ojos con carbones emulando a los dioses de lo más bajo y compartía sus días con una reina tirana, en medio de orgías y ritos demoníacos. Fue entonces cuando Marco Antonio perdió el amor de su pueblo.
Acorralado por Octaviano y traicionado por Cleopatra, Marco Antonio se suicidó en el trono de Alejandría, usando su espada romana. Atia de los Julios se sumió durante meses en una profunda depresión.
Pero ese día en que el joven Octaviano se proclamó emperador, Atia de los Julios, la mujer más poderosa de Roma, se levantó de la cama, se puso sus mejores joyas y un hermoso vestido azul para acudir al senado. Su nuera no la dejó pasar, pero Atia, la mujer con la mirada más intimidante de Roma, la desafió:
- “Sé lo que estás pensando. Estás jurando que algún día me vas a destruir. Mujeres mucho mejores que tú han jurado lo mismo. Anda y ve a buscarlas.”
Atia tomó su lugar en el palco. En las calles, el cadáver de Marco Antonio, se paseaba en un carro mientras el pueblo lo escupía y apedreaba. Atia de los Julios, la mujer más bella y gélida de Roma, apartó con un gesto de desprecio la mirada de su hijo el emperador y con los ojos perdidos en las colinas lloró largamente, lloró por su gran amor.
El Imperio romano se fundó sobre las lágrimas de esta mujer. Entonces tal vez sea verdad:
Tal vez sí podamos elegir nuestra derrota.
sábado, 18 de diciembre de 2010
PNC en Argentina: momentos destacados
- En el período 1974- 1989 existió en Argentina durante 15 años una situación pocas veces vista a nivel mundial: un cuasi monopolio estatal de los medios funcionando en condiciones competitivas y comerciales. No obstante, el manejo estatal no se orientó hacia una política de “servicio público” sino que se limitó a imponer el control sobre los contenidos en forma directa. La administración económica siguió siendo guiada con la misma impronta que había tenido durante las décadas privadas: comercial, financiada con publicidad y compitiendo por una audiencia masiva, en ausencia de una lógica complementaria.
- En la segunda presidencia de Perón, el Congreso fue capaz de sancionar una norma integral para el sector de las comunicaciones. Las tres normas restantes fueron promovidas por gobiernos de facto (Aramburu, Lanusse y Videla). En las décadas subsiguientes, quedó demostrada la permeabilidad de los representantes del pueblo ante los reclamos e intereses de los propietarios de los medios.
- La definición de las PNC en Argentina conlleva una paradoja: la fuerte intervención del Estado en simultaneidad con la carencia de una política de Estado, entendida como política de servicio público que valore los intereses y necesidades del conjunto de la sociedad.
- Se detectan cuatro instancias en las que la radiodifusión tuvo estelar importancia. En dos de ellas se promovieron ideales de servicio público: el trabajo de la Comisión del 38 y la propuesta peronista del 73, ya sea en el primer caso desde una concepción conservadora basada en el ideal de servicio público europeo, como en el segundo caso desde la perspectiva de sectores del llamado socialismo peronista. En ninguno de los dos casos se alcanzaron los resultados esperados.
- Cuando se produjo la estatización de los canales de aire, la medida fue usufructuada por la dictadura militar que promovió el Proceso de Reorganización Nacional como apoyo de su política represiva.
- Dos momentos tuvieron una clara lógica comercial y privatista: Aramburu y Menem tomaron medidas para definir modelos a largo plazo. Pero la desperonización del sistema de medios no fue suficiente para desperonizar la sociedad y la habilitación de los conglomerados multimedia se reveló contraproducente. Ambas decisiones terminaron por poner en evidencia su carácter coyuntural.
- Todas las medidas tendieron a reforzar el centralismo porteño, tanto en la gestión administrativa, como en la producción y circulación de contenidos.
- A lo largo de todo el período analizado se discriminó sistemáticamente a los agentes no gubernamentales sin fines de lucro y se convalidaron situaciones de violación a las leyes que operaban de hecho en el ámbito de la explotación comercial privada.
- Los sucesivos organismos de regulación y control tuvieron carácter centralista, unitario y dependieron directamente del PEN.
- Cuando se estatizaron las deudas no existió la misma preocupación por estatizar las ganancias.
__________
Bibliografía:
Autores Varios. (2006) Palabras Finales. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
- En la segunda presidencia de Perón, el Congreso fue capaz de sancionar una norma integral para el sector de las comunicaciones. Las tres normas restantes fueron promovidas por gobiernos de facto (Aramburu, Lanusse y Videla). En las décadas subsiguientes, quedó demostrada la permeabilidad de los representantes del pueblo ante los reclamos e intereses de los propietarios de los medios.
- La definición de las PNC en Argentina conlleva una paradoja: la fuerte intervención del Estado en simultaneidad con la carencia de una política de Estado, entendida como política de servicio público que valore los intereses y necesidades del conjunto de la sociedad.
- Se detectan cuatro instancias en las que la radiodifusión tuvo estelar importancia. En dos de ellas se promovieron ideales de servicio público: el trabajo de la Comisión del 38 y la propuesta peronista del 73, ya sea en el primer caso desde una concepción conservadora basada en el ideal de servicio público europeo, como en el segundo caso desde la perspectiva de sectores del llamado socialismo peronista. En ninguno de los dos casos se alcanzaron los resultados esperados.
- Cuando se produjo la estatización de los canales de aire, la medida fue usufructuada por la dictadura militar que promovió el Proceso de Reorganización Nacional como apoyo de su política represiva.
- Dos momentos tuvieron una clara lógica comercial y privatista: Aramburu y Menem tomaron medidas para definir modelos a largo plazo. Pero la desperonización del sistema de medios no fue suficiente para desperonizar la sociedad y la habilitación de los conglomerados multimedia se reveló contraproducente. Ambas decisiones terminaron por poner en evidencia su carácter coyuntural.
- Todas las medidas tendieron a reforzar el centralismo porteño, tanto en la gestión administrativa, como en la producción y circulación de contenidos.
- A lo largo de todo el período analizado se discriminó sistemáticamente a los agentes no gubernamentales sin fines de lucro y se convalidaron situaciones de violación a las leyes que operaban de hecho en el ámbito de la explotación comercial privada.
- Los sucesivos organismos de regulación y control tuvieron carácter centralista, unitario y dependieron directamente del PEN.
- Cuando se estatizaron las deudas no existió la misma preocupación por estatizar las ganancias.
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Bibliografía:
Autores Varios. (2006) Palabras Finales. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 11: La radiodifusión en el gobierno de la Alianza
El gobierno de Fernando de la Rúa, que llega al poder en 1999 deja intacto el modelo menemista, profundizando el régimen neoliberal en lugar de encarar una propuesta reformista. La intervención en el campo de las comunicaciones fue una constante. El gobierno debía cumplir con las expectativas de austeridad y transparencia que había generado durante su campaña. Tuvo una actitud permanente de hacer cumplir la ley que fue totalmente contradictoria con los argumentos esgrimidos para cambiarla. El sistema no se democratizó ni federalizó, aunque el gobierno brindó apoyo al sector social de las comunicaciones; pero restringido a un papel subsidiario (incentivó radios de frontera, cárceles, universitarias y en zonas de fomento).
La primera medida adoptada por De la Rúa fue el veto expeditivo a la Ley RTA que había dejado pendiente de promulgación el Menemismo. A través del Decreto 94/01 se crea el Sistema Nacional de Medios Públicos (SMNP), conocido como el “multimedios oficial”, que en ese momento integraba el SOR, Canal 7 y Télam, y a su vez se delegó en la Secretaría de Cultura y Comunicación el ejercicio de los derechos societarios que le correspondían al Estado Nacional por su participación en el capital accionario del sistema. Asimismo, se produjo la difundida “recuperación de ATC”, cuya frecuencia en canal 7 iba a ser licitada entre oferentes privados, para lo cual se le iba a asignar al canal oficial una nueva frecuencia, el canal 4. Este accionar ilustra la negativa del gobierno a perder el control sobre los medios estatales. El SMNP se configuró como un servicio público pero gubernamental, dependiendo directamente del PEN y sin instancia colegiada e independiente de control.
En esta etapa se llevaron a cabo diversas iniciativas para normalizar el espectro radiofónico, se revisaron las adjudicaciones realizadas en el período anterior y se revocaron más de la mitad. En el 2001 se adjudicaron provincia por provincia todas las frecuencias disponibles. Paralelamente se emprendió la lucha contra las radios “clandestinas”, habilitando un sistema de denuncias y decomisando aquellas que transmitían sin permiso. Esta iniciativa estuvo motivada por el lobby de los propietarios de los grandes multimedios, que pretendían eliminar a la competencia.
El mismo año, De la Rúa firmó el Decreto 1473 por el cual se levantó la suspensión del PLANARA, que había quedado sin efecto por decreto de Alfonsín y hasta tanto no se dictara una nueva Ley de Medios. Así, se presentó el Nuevo Plan Nacional de Televisión que aspiraba a otorgar 50 licencias para TV abierta en todo el país.
En el año 2000 hubo un intento por presentar un Proyecto de Ley de Radiodifusión, anunciado por el COMFER, Lopérfido y Aguiar. El proyecto fracasó en el parlamento por la falta de acuerdo en la emisión de un dictamen por parte de la Comisión de Comunicaciones. La propuesta conservaba la estructura de propiedad de la Ley vigente, lejos de desmontar los cambios operados durante la década del 90, les daba fuerza de Ley. Al igual que en este caso, el resto de las políticas del gobierno delarruista dio lugar a procesos burocráticos complejos y luchas de intereses.
En el año 2001, los propietarios de medios obtuvieron la reducción del 63% (radio) y de hasta el 66% (TV) en el pago de los gravámenes que abonan por la explotación de las licencias, beneficio convalidado por el Decreto 1522.
El caso Telefónica.
La empresa había adquirido el Canal 9 (Azul TV) mientras que ya era propietaria de Canal 11, situación que estaba prohibida por Ley. La medida revocatoria recién se dicto a fines del 2001, no debido al impulso del COMFER, sino a revelaciones provenientes de Defensa de la Competencia.
En referencia a la gestión de De la Rúa, podemos decir que se buscó construir una imagen de eficiencia y transparencia, pero las decisiones importantes se definieron siempre a puertas cerradas, lobby mediante, mientras se continuaba con el ejercicio de contraloría estatal basado en la Ley de la dictadura. Quienes fueron los verdaderos reguladores de este período, Telefónica y Clarín, consiguieron normativas puntuales que fueron funcionales a sus intereses y conservaron sus privilegios existentes a cambio de ceder al Estado la fiscalización de contenidos y el control de los medios públicos. El regulador compartió su poder con el regulado.
__________
Bibliografía:
García Leiva, M. T. (2006) Fin del milenio: concentración, continuidad y control. Una mirada sobre las políticas de radiodifusión del gobierno de Fernando de la Rúa.. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
La primera medida adoptada por De la Rúa fue el veto expeditivo a la Ley RTA que había dejado pendiente de promulgación el Menemismo. A través del Decreto 94/01 se crea el Sistema Nacional de Medios Públicos (SMNP), conocido como el “multimedios oficial”, que en ese momento integraba el SOR, Canal 7 y Télam, y a su vez se delegó en la Secretaría de Cultura y Comunicación el ejercicio de los derechos societarios que le correspondían al Estado Nacional por su participación en el capital accionario del sistema. Asimismo, se produjo la difundida “recuperación de ATC”, cuya frecuencia en canal 7 iba a ser licitada entre oferentes privados, para lo cual se le iba a asignar al canal oficial una nueva frecuencia, el canal 4. Este accionar ilustra la negativa del gobierno a perder el control sobre los medios estatales. El SMNP se configuró como un servicio público pero gubernamental, dependiendo directamente del PEN y sin instancia colegiada e independiente de control.
En esta etapa se llevaron a cabo diversas iniciativas para normalizar el espectro radiofónico, se revisaron las adjudicaciones realizadas en el período anterior y se revocaron más de la mitad. En el 2001 se adjudicaron provincia por provincia todas las frecuencias disponibles. Paralelamente se emprendió la lucha contra las radios “clandestinas”, habilitando un sistema de denuncias y decomisando aquellas que transmitían sin permiso. Esta iniciativa estuvo motivada por el lobby de los propietarios de los grandes multimedios, que pretendían eliminar a la competencia.
El mismo año, De la Rúa firmó el Decreto 1473 por el cual se levantó la suspensión del PLANARA, que había quedado sin efecto por decreto de Alfonsín y hasta tanto no se dictara una nueva Ley de Medios. Así, se presentó el Nuevo Plan Nacional de Televisión que aspiraba a otorgar 50 licencias para TV abierta en todo el país.
En el año 2000 hubo un intento por presentar un Proyecto de Ley de Radiodifusión, anunciado por el COMFER, Lopérfido y Aguiar. El proyecto fracasó en el parlamento por la falta de acuerdo en la emisión de un dictamen por parte de la Comisión de Comunicaciones. La propuesta conservaba la estructura de propiedad de la Ley vigente, lejos de desmontar los cambios operados durante la década del 90, les daba fuerza de Ley. Al igual que en este caso, el resto de las políticas del gobierno delarruista dio lugar a procesos burocráticos complejos y luchas de intereses.
En el año 2001, los propietarios de medios obtuvieron la reducción del 63% (radio) y de hasta el 66% (TV) en el pago de los gravámenes que abonan por la explotación de las licencias, beneficio convalidado por el Decreto 1522.
El caso Telefónica.
La empresa había adquirido el Canal 9 (Azul TV) mientras que ya era propietaria de Canal 11, situación que estaba prohibida por Ley. La medida revocatoria recién se dicto a fines del 2001, no debido al impulso del COMFER, sino a revelaciones provenientes de Defensa de la Competencia.
En referencia a la gestión de De la Rúa, podemos decir que se buscó construir una imagen de eficiencia y transparencia, pero las decisiones importantes se definieron siempre a puertas cerradas, lobby mediante, mientras se continuaba con el ejercicio de contraloría estatal basado en la Ley de la dictadura. Quienes fueron los verdaderos reguladores de este período, Telefónica y Clarín, consiguieron normativas puntuales que fueron funcionales a sus intereses y conservaron sus privilegios existentes a cambio de ceder al Estado la fiscalización de contenidos y el control de los medios públicos. El regulador compartió su poder con el regulado.
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Bibliografía:
García Leiva, M. T. (2006) Fin del milenio: concentración, continuidad y control. Una mirada sobre las políticas de radiodifusión del gobierno de Fernando de la Rúa.. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 11: La radiodifusión en el segundo gobierno de Menem
Se pueden distinguir dos momentos en el devenir de la radiodifusión en la década del 90:
- Un primer momento, hasta 1995, caracterizado por la presencia de agentes nacionales en un mercado oligopólico, favorecido por las privatizaciones
- Un segundo momento, caracterizado por el aumento de capitales extranjeros
Grupo Clarín y Telefónica protagonizan el duopolio más significativo de las comunicaciones sociales en la Argentina del siglo XX. Para entonces, controlan 4 de los 5 canales de TV abierta, el 85% de los abonados a la TV por cable, el diario de mayor circulación del país, las principales radios AM y FM, la prestación dominante del servicio básico telefónico, de telefonía celular, del acceso a Internet y de la elaboración de contenidos en español.
Hacia 1999 aparecen en el escenario empresas prestadoras de televisión cuyas señales son digitalizadas y transportadas vía satélite para ser captadas directamente en el hogar: TDH, Direct TV y Sky Argentina. Este proceso se inicia como un monopolio de TDH pero en 1998 se firma un acuerdo de reciprocidad satelital en Washington por el cual se autoriza a las empresas estadounidenses a operar en el país.
En este período crecen significativamente las productoras nacionales independientes ligadas a los canales de cabecera (Pol- Ka, Ideas del Sur, Cuatro Cabezas); los poseedores de derechos para transmitir eventos deportivos (Torneos y Competencias); las agencias internacionales de publicidad (Y&R, Thompson, Grey, Ratto/ BBDO) y las centrales de medios.
La penetración de la televisión alcanza al 98% de los hogares y un 60% de su producción era nacional. El rubro acapara la inversión publicitaria.
La expansión de la TV por cable se orienta hacia un modelo post- fordista caracterizado por la multiplicación de soportes televisivos (red Hertziana, cable y satélite), la digitalización en la producción y distribución de contenidos, el aumento del número de señales, la segmentación de la oferta y de las audiencias y el surgimiento de nuevas formas de financiamiento (abono mensual, pay per view, paquetes Premium).
En 1997 Multicanal y Cablevisión adquieren en partes iguales a su tercer competidos, VCC, para luego disolver la compañía y repartirse sus abonados. Multicanal y Cablevisión alcanzaron a controlar el 70% de los abonos. Cuando en el año 2000 el grupo financiero estadounidense HMT&F controla las acciones de Cablevisión, sólo el 20% de los contenidos del cable eran de producción nacional.
En 1998, Menem adopta el standard estadounidense de televisión digital terrestre (TDT). La norma elegida fue la ATSC, frente al sistema europeo DVB y japonés ISDB-T. La medida fue consecuente con la estrecha vinculación que el medio televisivo venía manteniendo con la industria cultural de los Estados Unidos y contó con el apoyo de ATA. El gobierno autorizó las emisiones de prueba por tres años. A raíz de esta decisión precipitada, el gobierno de Brasil presentó una queja, dado que el marco del Mercosur exigía una coordinación previa para la elección de una norma común.
En cuanto a la radio, la mayoría de las emisoras fue traccionada por la lógica televisiva, el proceso de concentración y desnacionalización fue realizándose en sincronía: en un primer momento los multimedios fueron de origen nacional para luego internacionalizarse. Así se produjo la adquisición de las principales radios por parte de los grupos CIE (Mexicano) y Emmis International (estadounidense).
En el año 1999, el Decreto 1005 autoriza la transmisión en cadenas, cristalizando el modelo de producción centralizada en Buenos Aires. En 1992 se habían comenzado a otorgar premisos precarios provisorios (PPP) a las radios FM que permanecían sin registrar y se otorgaron 439 licencias, entre otros actores, a la Iglesia Católica (que había sido exceptuada por el COMFER de la prohibición), a los grupos Clarín y Uno. Estos grupos también iniciaron un proceso de cooptación de radios independientes.
Para adecuar la Ley 22285 a este régimen, fue necesario introducir las siguientes modificaciones:
- Suscribir tratados internacionales que adquieren el estatuto de Ley con la sanción de la CN de 1994: Tratados de protección recíproca de inversiones (que permitieron el ingreso de capitales extranjeros en los medios) y el tratado de reciprocidad en materia de servicios satelitales (que permitió el ingreso de las grandes plataformas de TDH al segmento de los servicios complementarios.
- Dictar el Decreto 1005/ 99 que formalizó una situación que se venía dando de hecho, la concentración de la propiedad empresarial, a la vez que flexibilizó los siguientes aspectos:
Autorizó el ingreso del capital extranjero en el marco de los tratados antes mencionados
Amplió el número de licencias permitidas para cada operador de 4 a 24
Autorizó la trasmisión permanente en cadenas
Eliminó las restricciones publicitarias (12 / 14 minutos) y autorizó su distribución en bloques de tres horas, facilitando la concentración publicitaria en el prime time y el manejo de los tiempos para evitar el zapping.
Autorizó la transferencia de licencias facilitando la compra- venta de medios
- Sancionar muy tardíamente una ley que fue publicada en el Boletín Oficial diez años después de realizadas las privatizaciones. Se trata de la Ley 25156 de Defensa de la Competencia, cuyos artículos relacionados con las prácticas predatorias quedaron sin reglamentar desde 1999.
En el ocaso del gobierno de Menem se impulso la sanción de la Ley 25208 con la cual se pretendió crear el multimedios estatal RTA, encargado de Canal 7, Radio Nacional y las emisoras del SOR. Si bien esta norma preveía una conformación pluralista del directorio, con control parlamentario bicameral, nunca pudo ser puesta en práctica debido a que De la Rúa la vetó a los pocos días de haber asumido como presidente.
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Bibliografía:
Albornoz, L. y Hernández, P. (2006) La radiodifusión entre 1995 y 1999: concentración, desnacionalización y ausencia de control público. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
- Un primer momento, hasta 1995, caracterizado por la presencia de agentes nacionales en un mercado oligopólico, favorecido por las privatizaciones
- Un segundo momento, caracterizado por el aumento de capitales extranjeros
Grupo Clarín y Telefónica protagonizan el duopolio más significativo de las comunicaciones sociales en la Argentina del siglo XX. Para entonces, controlan 4 de los 5 canales de TV abierta, el 85% de los abonados a la TV por cable, el diario de mayor circulación del país, las principales radios AM y FM, la prestación dominante del servicio básico telefónico, de telefonía celular, del acceso a Internet y de la elaboración de contenidos en español.
Hacia 1999 aparecen en el escenario empresas prestadoras de televisión cuyas señales son digitalizadas y transportadas vía satélite para ser captadas directamente en el hogar: TDH, Direct TV y Sky Argentina. Este proceso se inicia como un monopolio de TDH pero en 1998 se firma un acuerdo de reciprocidad satelital en Washington por el cual se autoriza a las empresas estadounidenses a operar en el país.
En este período crecen significativamente las productoras nacionales independientes ligadas a los canales de cabecera (Pol- Ka, Ideas del Sur, Cuatro Cabezas); los poseedores de derechos para transmitir eventos deportivos (Torneos y Competencias); las agencias internacionales de publicidad (Y&R, Thompson, Grey, Ratto/ BBDO) y las centrales de medios.
La penetración de la televisión alcanza al 98% de los hogares y un 60% de su producción era nacional. El rubro acapara la inversión publicitaria.
La expansión de la TV por cable se orienta hacia un modelo post- fordista caracterizado por la multiplicación de soportes televisivos (red Hertziana, cable y satélite), la digitalización en la producción y distribución de contenidos, el aumento del número de señales, la segmentación de la oferta y de las audiencias y el surgimiento de nuevas formas de financiamiento (abono mensual, pay per view, paquetes Premium).
En 1997 Multicanal y Cablevisión adquieren en partes iguales a su tercer competidos, VCC, para luego disolver la compañía y repartirse sus abonados. Multicanal y Cablevisión alcanzaron a controlar el 70% de los abonos. Cuando en el año 2000 el grupo financiero estadounidense HMT&F controla las acciones de Cablevisión, sólo el 20% de los contenidos del cable eran de producción nacional.
En 1998, Menem adopta el standard estadounidense de televisión digital terrestre (TDT). La norma elegida fue la ATSC, frente al sistema europeo DVB y japonés ISDB-T. La medida fue consecuente con la estrecha vinculación que el medio televisivo venía manteniendo con la industria cultural de los Estados Unidos y contó con el apoyo de ATA. El gobierno autorizó las emisiones de prueba por tres años. A raíz de esta decisión precipitada, el gobierno de Brasil presentó una queja, dado que el marco del Mercosur exigía una coordinación previa para la elección de una norma común.
En cuanto a la radio, la mayoría de las emisoras fue traccionada por la lógica televisiva, el proceso de concentración y desnacionalización fue realizándose en sincronía: en un primer momento los multimedios fueron de origen nacional para luego internacionalizarse. Así se produjo la adquisición de las principales radios por parte de los grupos CIE (Mexicano) y Emmis International (estadounidense).
En el año 1999, el Decreto 1005 autoriza la transmisión en cadenas, cristalizando el modelo de producción centralizada en Buenos Aires. En 1992 se habían comenzado a otorgar premisos precarios provisorios (PPP) a las radios FM que permanecían sin registrar y se otorgaron 439 licencias, entre otros actores, a la Iglesia Católica (que había sido exceptuada por el COMFER de la prohibición), a los grupos Clarín y Uno. Estos grupos también iniciaron un proceso de cooptación de radios independientes.
Para adecuar la Ley 22285 a este régimen, fue necesario introducir las siguientes modificaciones:
- Suscribir tratados internacionales que adquieren el estatuto de Ley con la sanción de la CN de 1994: Tratados de protección recíproca de inversiones (que permitieron el ingreso de capitales extranjeros en los medios) y el tratado de reciprocidad en materia de servicios satelitales (que permitió el ingreso de las grandes plataformas de TDH al segmento de los servicios complementarios.
- Dictar el Decreto 1005/ 99 que formalizó una situación que se venía dando de hecho, la concentración de la propiedad empresarial, a la vez que flexibilizó los siguientes aspectos:
Autorizó el ingreso del capital extranjero en el marco de los tratados antes mencionados
Amplió el número de licencias permitidas para cada operador de 4 a 24
Autorizó la trasmisión permanente en cadenas
Eliminó las restricciones publicitarias (12 / 14 minutos) y autorizó su distribución en bloques de tres horas, facilitando la concentración publicitaria en el prime time y el manejo de los tiempos para evitar el zapping.
Autorizó la transferencia de licencias facilitando la compra- venta de medios
- Sancionar muy tardíamente una ley que fue publicada en el Boletín Oficial diez años después de realizadas las privatizaciones. Se trata de la Ley 25156 de Defensa de la Competencia, cuyos artículos relacionados con las prácticas predatorias quedaron sin reglamentar desde 1999.
En el ocaso del gobierno de Menem se impulso la sanción de la Ley 25208 con la cual se pretendió crear el multimedios estatal RTA, encargado de Canal 7, Radio Nacional y las emisoras del SOR. Si bien esta norma preveía una conformación pluralista del directorio, con control parlamentario bicameral, nunca pudo ser puesta en práctica debido a que De la Rúa la vetó a los pocos días de haber asumido como presidente.
__________
Bibliografía:
Albornoz, L. y Hernández, P. (2006) La radiodifusión entre 1995 y 1999: concentración, desnacionalización y ausencia de control público. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
viernes, 17 de diciembre de 2010
Políticas 10: 1990- 1995: La exacerbación del modelo privado comercial
“Desregulación, privatización, desmonopolización” fueron las premisas del quinquenio para todas las políticas públicas. Y las PNC no fueron la excepción.
Con la sanción de la Ley 23696 de Reforma del Estado fueron flexibilizados puntos clave de la 22285 que imposibilitaban la constitución de conglomerados en forma de multimedios y con características de propiedad extendida:
- Se eliminó la restricción que imponía un límite de 3 licencias de TV o radio a una misma persona física o jurídica en una misma área de cobertura
- Se eliminó la restricción que impedía presentarse al concurso de una nueva licencia a un propietario ó socio de diferentes empresas de radiodifusión
- Se eliminó la restricción que impedía presentarse a concurso de licencias a una persona física o jurídica vinculada a medios gráficos
- Se eliminó la disposición que establecía que el objeto social de la licenciataria sea exclusivamente la prestación del servicio de radiofonía (permite el ingreso de empresas provenientes de otros rubros)
- Se eliminó la disposición que establecía que los socios de las licenciatarias debían ser personas físicas y no debían exceder el número de veinte (se permite la constitución de sociedades conformadas por otras sociedades).
Estas modificaciones desembocaron en un mapa hiper- comercial y fuertemente concentrado hacia la segunda mitad del la década del 90. Las principales características del período fueron:
- La conformación de dos grupos multimedios a partir de la licitación de los canales 11 y 13: el grupo Telefé incorporó Radio Continental y el Grupo Clarín sumó Radio Mitre y Multicanal a Artear.
- Se cruzaron los intereses de medios gráficos con la radiodifusión: Ed. Atlántida en Telefé con Canal 11; La Nación en Radio del Plata; Clarín en Canal 13.
- El crecimiento de la cantidad de canales de TV por cable. Hacia el año 2000 sólo dos operadores concentrarán el mercado. Multicanal y Cablevisión. En el año 2007, el gobierno de Kirchner autorizó la fusión entre ambos.
- La consolidación de emisoras de FM sin licencia en el interior del país
- Una tercera oleada histórica de inversiones extranjeras
Para formalizar estas operaciones no fue necesario modificar la Ley 22285, puesto que al ser ratificado en 1994 el Tratado de Promoción y protección Recíproca de Inversiones formado con los Estados Unidos, las mismas pudieron blanquearse. La reciprocidad alegada no fue tal, ya que en este rubro los Estados Unidos realizaron una reserva a las inversiones argentinas en la industria cultural para proteger a sus empresas de los alcances del mismo.
El sistema de gobierno en este período fue híper- presidencialista, la actividad legislativa se mantuvo silenciada y sin iniciativas propias, fuera de lo que han sido las refrendas a los decretos presidenciales.
Otra de las modificaciones que se realizó por decreto de necesidad y urgencia fue la eliminación de las restricciones al financiamiento por publicidad de las emisoras oficiales, provinciales, municipales y universitarias.
En 1990, el COMFER autorizó a la Iglesia a ser licenciataria del servicio, pese a la restricción de la Ley 22285.
En el año 1992, otro decreto presidencial convierte a ATC Sociedad del Estado en Sociedad Anónima, adoptando un modelo de organización interna similar al privado. La re- estructuración anunció una privatización que no se concretó.
En 1994, antes de que la ciudad capital fuera autónoma, se trasladó la frecuencia de Radio Municipal (AM710) a los 1650Khz y se otorgó la primera a Radio 10, parte de una sociedad integrada por Daniel Hadad, Marcelo Tinelli y el ex juez Salvi.
Un foco de conflicto fue el tema de las radios “truchas” o emisoras sin licencia, que continuaban operando por fuera del registro del COMFER. Las tradicionales emisoras comerciales, nucleadas en ARPA elevaron sus reclamos al organismo en vistas de la reducción que evidenció su participación en la torta publicitaria. En lo que respecta a la radio, también se consolidó durante este período un sistema de tercerización de la producción (Rock and Popo/ Grinbak; Tinelli/ Radio del Plata, etc).
El circuito de salas de cine se reconfiguró con el cierre de numerosas salas en el interior del paísy la conversión de las salas de las grandes ciudades en multicines.
La comercialización de la transmisión de los partidos de fútbol quedó monopolizada en 1991, a partir de un acuerdo suscripto entre la AFA y Televisión Satelital Codificada SA (relacionada con Torneos y Competencias de Ávila y Artear de Grupo Clarín).
En ese mismo año, se flexibilizaron por decreto los artículos de la Ley 22285 que restringían la duración y localización de la pauta publicitaria, al mismo tiempo que eliminó la prohibición de emitir publicidad durante los programas.
Finalmente, ese mismo decreto dejó sin efecto en el mismo acto a una variedad de normas retrógradas y censoras sobre los contenidos, el formato de la programación y la información a emitirse.
En síntesis, durante este período se asumió funcionalmente la Ley de Medios de la Dictadura Nro 22285, aggiornándola por medio de decretos para eliminar cláusulas “molestas” desde la concepción de los actores privados, pero sin resolver las cuestiones democratizadoras. Al mismo tiempo, se expandió un modelo de comunicación masiva que restringe las capacidades de acción pública de los ciudadanos y grupos sociales, interpelándolos como consumidores o espectadores.
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Bibliografía:
Rossi, D. (2006) La radiodifusión entre 1990- 1995: exacerbación del modelo privado- comercial. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Con la sanción de la Ley 23696 de Reforma del Estado fueron flexibilizados puntos clave de la 22285 que imposibilitaban la constitución de conglomerados en forma de multimedios y con características de propiedad extendida:
- Se eliminó la restricción que imponía un límite de 3 licencias de TV o radio a una misma persona física o jurídica en una misma área de cobertura
- Se eliminó la restricción que impedía presentarse al concurso de una nueva licencia a un propietario ó socio de diferentes empresas de radiodifusión
- Se eliminó la restricción que impedía presentarse a concurso de licencias a una persona física o jurídica vinculada a medios gráficos
- Se eliminó la disposición que establecía que el objeto social de la licenciataria sea exclusivamente la prestación del servicio de radiofonía (permite el ingreso de empresas provenientes de otros rubros)
- Se eliminó la disposición que establecía que los socios de las licenciatarias debían ser personas físicas y no debían exceder el número de veinte (se permite la constitución de sociedades conformadas por otras sociedades).
Estas modificaciones desembocaron en un mapa hiper- comercial y fuertemente concentrado hacia la segunda mitad del la década del 90. Las principales características del período fueron:
- La conformación de dos grupos multimedios a partir de la licitación de los canales 11 y 13: el grupo Telefé incorporó Radio Continental y el Grupo Clarín sumó Radio Mitre y Multicanal a Artear.
- Se cruzaron los intereses de medios gráficos con la radiodifusión: Ed. Atlántida en Telefé con Canal 11; La Nación en Radio del Plata; Clarín en Canal 13.
- El crecimiento de la cantidad de canales de TV por cable. Hacia el año 2000 sólo dos operadores concentrarán el mercado. Multicanal y Cablevisión. En el año 2007, el gobierno de Kirchner autorizó la fusión entre ambos.
- La consolidación de emisoras de FM sin licencia en el interior del país
- Una tercera oleada histórica de inversiones extranjeras
Para formalizar estas operaciones no fue necesario modificar la Ley 22285, puesto que al ser ratificado en 1994 el Tratado de Promoción y protección Recíproca de Inversiones formado con los Estados Unidos, las mismas pudieron blanquearse. La reciprocidad alegada no fue tal, ya que en este rubro los Estados Unidos realizaron una reserva a las inversiones argentinas en la industria cultural para proteger a sus empresas de los alcances del mismo.
El sistema de gobierno en este período fue híper- presidencialista, la actividad legislativa se mantuvo silenciada y sin iniciativas propias, fuera de lo que han sido las refrendas a los decretos presidenciales.
Otra de las modificaciones que se realizó por decreto de necesidad y urgencia fue la eliminación de las restricciones al financiamiento por publicidad de las emisoras oficiales, provinciales, municipales y universitarias.
En 1990, el COMFER autorizó a la Iglesia a ser licenciataria del servicio, pese a la restricción de la Ley 22285.
En el año 1992, otro decreto presidencial convierte a ATC Sociedad del Estado en Sociedad Anónima, adoptando un modelo de organización interna similar al privado. La re- estructuración anunció una privatización que no se concretó.
En 1994, antes de que la ciudad capital fuera autónoma, se trasladó la frecuencia de Radio Municipal (AM710) a los 1650Khz y se otorgó la primera a Radio 10, parte de una sociedad integrada por Daniel Hadad, Marcelo Tinelli y el ex juez Salvi.
Un foco de conflicto fue el tema de las radios “truchas” o emisoras sin licencia, que continuaban operando por fuera del registro del COMFER. Las tradicionales emisoras comerciales, nucleadas en ARPA elevaron sus reclamos al organismo en vistas de la reducción que evidenció su participación en la torta publicitaria. En lo que respecta a la radio, también se consolidó durante este período un sistema de tercerización de la producción (Rock and Popo/ Grinbak; Tinelli/ Radio del Plata, etc).
El circuito de salas de cine se reconfiguró con el cierre de numerosas salas en el interior del paísy la conversión de las salas de las grandes ciudades en multicines.
La comercialización de la transmisión de los partidos de fútbol quedó monopolizada en 1991, a partir de un acuerdo suscripto entre la AFA y Televisión Satelital Codificada SA (relacionada con Torneos y Competencias de Ávila y Artear de Grupo Clarín).
En ese mismo año, se flexibilizaron por decreto los artículos de la Ley 22285 que restringían la duración y localización de la pauta publicitaria, al mismo tiempo que eliminó la prohibición de emitir publicidad durante los programas.
Finalmente, ese mismo decreto dejó sin efecto en el mismo acto a una variedad de normas retrógradas y censoras sobre los contenidos, el formato de la programación y la información a emitirse.
En síntesis, durante este período se asumió funcionalmente la Ley de Medios de la Dictadura Nro 22285, aggiornándola por medio de decretos para eliminar cláusulas “molestas” desde la concepción de los actores privados, pero sin resolver las cuestiones democratizadoras. Al mismo tiempo, se expandió un modelo de comunicación masiva que restringe las capacidades de acción pública de los ciudadanos y grupos sociales, interpelándolos como consumidores o espectadores.
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Bibliografía:
Rossi, D. (2006) La radiodifusión entre 1990- 1995: exacerbación del modelo privado- comercial. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 9: La primera privatización del menemismo
La privatización de los canales 11 y 13
El proceso privatizador de los canales 11 y 13 fue el puntapié inicial para la concentración mediática más intensa que se haya generado en la historia de nuestro país.
Finalmente, el modelo que comenzó a desplegarse durante la dictadura militar encontró su apogeo y consolidación en la década del 90, apoyado en dos pilares centrales: una opinión pública dócil y una Corte Suprema afín.
La Ley 23686 de 1989, conocida como Ley Dromi o Ley de Reforma del Estado en su Art. 65 impuso como único requisito para acceder a la propiedad de los medios no tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras. Por consiguiente, las empresas periodísticas nacionales ya existentes podían tener licencias de radiodifusión y con ello se torna posible la conformación de grupos multimedia. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) fue un factor de presión para esta resolución. También Clarín constituyó un aliado natural de esta postura ante la ofensiva que se esperaba por parte de Berlusconi, Murdoch, Televisa ó Warner. La Ley mencionada asimismo integró una cláusula por la cual el pasivo de los canales estatales a privatizar sería asumido nuevamente por el Estado Nacional.
Muy pronto, la privatización de los canales 11 y 13 se transformó en una cuestión social. Canal 11 estaba en situación de embargo y Canal 13 tenía grandes dificultades para financiarse. Se sucedieron numerosos paros de sindicatos de trabajadores de la industria, incluyendo a los actores, lo que dejó a los canales sin contenidos para emitir. Seguido, se realizó la asamblea más masiva de la historia en la que por primera vez se unieron todos los sindicatos del rubro, que se manifestaron durante la emisión de los premios Martín Fierro. En ese momento nace COSIMETCOS, la Comisión Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social. Momentáneamente, el gobierno desplazó de la agenda la cuestión de la privatización para pasar a discutir el cierre de los canales. La alternativa parecía ser “privatización o cierre”.
Al día siguiente de la protesta se pactó con el gobierno la coadministración de los canales entre los interventores designados por el Estado y los gremios, bajo la consigna de que si los mismos lograban autofinanciarse no iban a ser cerrados. El no cierre gana la pulseada y la privatización deviene incuestionable.
Durante el período de la co- administración, los canales lograron efectivamente autofinanciarse pero las políticas de contenidos no variaron un ápice, continuaban más que nunca guiándose por un criterio de rentabilidad económica. Aquí reside la contradicción: cuando por primera vez estuvo al alcance de los gremios la oportunidad histórica de definir los contenidos, esta posibilidad se vio cercenada por persistir la misma política de financiamiento. Al final del día, los sueldos dependían de la pauta publicitaria.
Finalmente el presidente Menem firmó el Decreto 830/ 1989 por el cual se declaraba el llamado a licitación para ambas emisoras. Desprenderse de los canales no redituaba demasiado pero era necesario como golpe de efecto privatizador.
La COSIMETCOS demandaba que en los pliegos figurase el llamado PPP (porcentaje de propiedad participada) a favor de los trabajadores, como así también rescatar el archivo fílmico de lo producido, a modo de “patrimonio cultural” y obtener representación en los cuerpos directivos de las emisoras. No lograron ninguna de estas metas, simplemente se suspendieron los despidos por un año.
Las licencias fueron concedidas a Televisión Federal SA (Telefé), conformada por Editorial Atlántida, y a Arte Radiotelevisivo Argentino SA (Artear), integrada por el Grupo Clarín.
Como dijimos, el acto de adjudicación no representó un gran beneficio económico para el Estado, pero fue convertido en una tribuna mediática sin precedentes, fenómeno que resultó útil al gobierno para alinear la propia tropa, refrendar el objetivo de su gobierno y dejar en claro que la avanzada privatizadora recién comenzaba. Ahora también el “cuarto poder” estaba alineado para poder volcar a la opinión pública a favor de estas políticas. Era entonces el turno de ENTeL.
__________
Bibliografía:
Baranchuk, M. (2006) Canales 11 y 13: la primera privatización de la década menemista. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
El proceso privatizador de los canales 11 y 13 fue el puntapié inicial para la concentración mediática más intensa que se haya generado en la historia de nuestro país.
Finalmente, el modelo que comenzó a desplegarse durante la dictadura militar encontró su apogeo y consolidación en la década del 90, apoyado en dos pilares centrales: una opinión pública dócil y una Corte Suprema afín.
La Ley 23686 de 1989, conocida como Ley Dromi o Ley de Reforma del Estado en su Art. 65 impuso como único requisito para acceder a la propiedad de los medios no tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras. Por consiguiente, las empresas periodísticas nacionales ya existentes podían tener licencias de radiodifusión y con ello se torna posible la conformación de grupos multimedia. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) fue un factor de presión para esta resolución. También Clarín constituyó un aliado natural de esta postura ante la ofensiva que se esperaba por parte de Berlusconi, Murdoch, Televisa ó Warner. La Ley mencionada asimismo integró una cláusula por la cual el pasivo de los canales estatales a privatizar sería asumido nuevamente por el Estado Nacional.
Muy pronto, la privatización de los canales 11 y 13 se transformó en una cuestión social. Canal 11 estaba en situación de embargo y Canal 13 tenía grandes dificultades para financiarse. Se sucedieron numerosos paros de sindicatos de trabajadores de la industria, incluyendo a los actores, lo que dejó a los canales sin contenidos para emitir. Seguido, se realizó la asamblea más masiva de la historia en la que por primera vez se unieron todos los sindicatos del rubro, que se manifestaron durante la emisión de los premios Martín Fierro. En ese momento nace COSIMETCOS, la Comisión Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social. Momentáneamente, el gobierno desplazó de la agenda la cuestión de la privatización para pasar a discutir el cierre de los canales. La alternativa parecía ser “privatización o cierre”.
Al día siguiente de la protesta se pactó con el gobierno la coadministración de los canales entre los interventores designados por el Estado y los gremios, bajo la consigna de que si los mismos lograban autofinanciarse no iban a ser cerrados. El no cierre gana la pulseada y la privatización deviene incuestionable.
Durante el período de la co- administración, los canales lograron efectivamente autofinanciarse pero las políticas de contenidos no variaron un ápice, continuaban más que nunca guiándose por un criterio de rentabilidad económica. Aquí reside la contradicción: cuando por primera vez estuvo al alcance de los gremios la oportunidad histórica de definir los contenidos, esta posibilidad se vio cercenada por persistir la misma política de financiamiento. Al final del día, los sueldos dependían de la pauta publicitaria.
Finalmente el presidente Menem firmó el Decreto 830/ 1989 por el cual se declaraba el llamado a licitación para ambas emisoras. Desprenderse de los canales no redituaba demasiado pero era necesario como golpe de efecto privatizador.
La COSIMETCOS demandaba que en los pliegos figurase el llamado PPP (porcentaje de propiedad participada) a favor de los trabajadores, como así también rescatar el archivo fílmico de lo producido, a modo de “patrimonio cultural” y obtener representación en los cuerpos directivos de las emisoras. No lograron ninguna de estas metas, simplemente se suspendieron los despidos por un año.
Las licencias fueron concedidas a Televisión Federal SA (Telefé), conformada por Editorial Atlántida, y a Arte Radiotelevisivo Argentino SA (Artear), integrada por el Grupo Clarín.
Como dijimos, el acto de adjudicación no representó un gran beneficio económico para el Estado, pero fue convertido en una tribuna mediática sin precedentes, fenómeno que resultó útil al gobierno para alinear la propia tropa, refrendar el objetivo de su gobierno y dejar en claro que la avanzada privatizadora recién comenzaba. Ahora también el “cuarto poder” estaba alineado para poder volcar a la opinión pública a favor de estas políticas. Era entonces el turno de ENTeL.
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Bibliografía:
Baranchuk, M. (2006) Canales 11 y 13: la primera privatización de la década menemista. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 8: Los medios de comunicación en el retorno a la democracia
Durante este período, las PNC obedecen a ciertos patrones de comportamiento: por un lado, el de la desvinculación entre el discurso y la puesta en acción (negociar y ceder); por el otro, el de la aplicación de tácticas contrapuestas o incoherentes entre sí.
Dado el contexto económico hiperinflacionario, la dirigencia gremial fue el principal frente opositor a la UCR; no obstante, la crisis de identidad que envolvía al peronismo luego de la derrota en las elecciones restó al gobierno la posibilidad de encontrar interlocutores idóneos. Desde la cartera laboral se promovió un proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales que recortaba el poder corporativo de los sindicatos.
Al año siguiente del juicio a los jefes militares y ante los sucesos de Semana Santa, Alfonsín promovió la Ley de Punto Final que fijaba un plazo de 30 días para la recepción de las acusaciones contra militares ante la justicia por violación a los derechos humanos. Poco tiempo después, Alfonsín cede nuevamente ante las presiones militares: impulsa la Ley de Obediencia Debida que da lugar al desprocesamiento de la mayoría de los oficiales y suboficiales involucrados en la represión ilegal.
La crisis económica que heredó el gobierno radical focalizó en tres problemas principales: la decadencia productiva, un alto endeudamiento externo y un agudo proceso de inflación alimentado por la emisión monetaria. En 1985, se pone en marcha el Plan Austral, que establecía el congelamiento de precios, salarios, tarifas y tipo de cambio; la creación de un nuevo signo monetario (el Austral) y el compromiso de no emitir dinero. El programa de estabilización tuvo éxito por algún tiempo; pero en 1987 el desarreglo híper- inflacionario llegó para quedarse. Se promovieron, además, algunas privatizaciones piloto, como el Plan Houston para las petroleras y Aerolíneas Argentinas. El fracaso del gobierno para controlar la crisis económica impidió que el presidente terminara su mandato.
Política de medios del Alfonsinismo
Apenas asume, Alfonsín toma dos medidas: intervenir el COMFER (cuyo directorio estaba por Ley constituido por las FFAA) y suspender la aplicación del PLANARA en tanto no se modificase la Ley de Radiodifusión. Como efecto no deseado, esta medida significó que cualquier ciudadano que quisiera acceder a una licencia de radiodifusión tuviera cerrado el camino legal para hacerlo. En este contexto, proliferan las FM comunitarias, al margen de la legalidad.
Las presentaciones de proyectos de Ley de Radiodifusión consistieron en iniciativas individuales, o bien desde el gobierno, o bien desde los representantes de las provincias, evidenciando una total falta de planificación, lo que hizo que su aprobación quedara neutralizada en el Congreso. Durante este período también dos unidades dentro del mismo Estado con competencia en la misma materia confrontaron con propuestas antagónicas, la Secretaría de Información Pública (SIP), con un proyecto de mayor participación estatal, y el COMFER, con un proyecto más liberal..
Finalmente, en 1986, la presidencia decide enviar el proyecto de la Secretaría de Información Pública al Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE) en la búsqueda de consenso de los distintos grupos sociales.
El Proyecto COCODE
La propuesta guardaba similitud con lo que había sido el proyecto RATELVE en Venezuela. Se trataba de un proyecto abierto que concebía al derecho a la información como complemento de la libertad de expresión. La autoridad de aplicación que instituía era un cuerpo colegiado que debía ser asesorado por una junta integrada por representantes de los distintos sectores sociales. Tenía una concepción descentralizadora, en tanto que permitía a las provincias decidir sobre el otorgamiento de las licencias. Proponía la creación de un sistema de comunicación estatal y otro gubernamental y abría la posibilidad para que cualquier persona jurídica pudiera acceder a la explotación, permitiendo iguales tiempos de publicidad a las sociedades sin fines de lucro que a las sociedades comerciales. Contemplaba la creación de un instituto de investigación y promoción audiovisual. Creaba la figura del defensor público. Limitaba la participación de los medios gráficos al 33% de los votos accionarios y del capital de los medios en una misma área de cobertura que la publicación impresa. Permitía la creación de redes, pero las acotaba a 5 emisoras y limitaba el tiempo de programación centralizada al 30%. Establecía un porcentaje obligatorio del 15% para la producción local durante los dos primeros años y del 25% para los subsiguientes. Habilitaba a las emisoras no autorizadas a regularizar su situación.
En 1988, el proyecto quedó sin estado parlamentario y fue abandonado debido a que el Poder Ejecutivo manifestó grandes diferencias con el Consejo, además de la presión que se verificó por parte de Clarín.
La expansión del cable
En 1986, el Decreto 1613 posibilitó el acceso restringido a la recepción satelital por parte de permisionarios de servicios televisivos abiertos ó cerrados, personas dedicadas a la experimentación nucleadas en entidades sin fines de lucro y repetidoras de ATC. Esta fue la llave que posibilitó el fuerte crecimiento del cable en Argentina, en la medida en que simplificó el proceso de venta de señales a los cables del interior a partir de la simple instalación de una antena parabólica. VCC y Cablevisión pronto oligopolizaron el mercado y luego realizaron acuerdos para dividirse el territorio de prestación.
Argentina también adhirió al Convenio de Nairobi, que aprobó la utilización de 48 canales UHF, libres y gratuitos; pero la suspensión de los concursos públicos por parte del gobierno inhabilitó su uso. De este modo, unos canales que hubieran podido servir para propósitos de difusión social y comunitaria, terminaron adjudicándose –mediante Decreto del COMFER- a personas que codificaron la señal.
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Bibliografía:
Com, S. (2006) Alfonsinismo, contexto sociopolítico y medios de comunicación. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Dado el contexto económico hiperinflacionario, la dirigencia gremial fue el principal frente opositor a la UCR; no obstante, la crisis de identidad que envolvía al peronismo luego de la derrota en las elecciones restó al gobierno la posibilidad de encontrar interlocutores idóneos. Desde la cartera laboral se promovió un proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales que recortaba el poder corporativo de los sindicatos.
Al año siguiente del juicio a los jefes militares y ante los sucesos de Semana Santa, Alfonsín promovió la Ley de Punto Final que fijaba un plazo de 30 días para la recepción de las acusaciones contra militares ante la justicia por violación a los derechos humanos. Poco tiempo después, Alfonsín cede nuevamente ante las presiones militares: impulsa la Ley de Obediencia Debida que da lugar al desprocesamiento de la mayoría de los oficiales y suboficiales involucrados en la represión ilegal.
La crisis económica que heredó el gobierno radical focalizó en tres problemas principales: la decadencia productiva, un alto endeudamiento externo y un agudo proceso de inflación alimentado por la emisión monetaria. En 1985, se pone en marcha el Plan Austral, que establecía el congelamiento de precios, salarios, tarifas y tipo de cambio; la creación de un nuevo signo monetario (el Austral) y el compromiso de no emitir dinero. El programa de estabilización tuvo éxito por algún tiempo; pero en 1987 el desarreglo híper- inflacionario llegó para quedarse. Se promovieron, además, algunas privatizaciones piloto, como el Plan Houston para las petroleras y Aerolíneas Argentinas. El fracaso del gobierno para controlar la crisis económica impidió que el presidente terminara su mandato.
Política de medios del Alfonsinismo
Apenas asume, Alfonsín toma dos medidas: intervenir el COMFER (cuyo directorio estaba por Ley constituido por las FFAA) y suspender la aplicación del PLANARA en tanto no se modificase la Ley de Radiodifusión. Como efecto no deseado, esta medida significó que cualquier ciudadano que quisiera acceder a una licencia de radiodifusión tuviera cerrado el camino legal para hacerlo. En este contexto, proliferan las FM comunitarias, al margen de la legalidad.
Las presentaciones de proyectos de Ley de Radiodifusión consistieron en iniciativas individuales, o bien desde el gobierno, o bien desde los representantes de las provincias, evidenciando una total falta de planificación, lo que hizo que su aprobación quedara neutralizada en el Congreso. Durante este período también dos unidades dentro del mismo Estado con competencia en la misma materia confrontaron con propuestas antagónicas, la Secretaría de Información Pública (SIP), con un proyecto de mayor participación estatal, y el COMFER, con un proyecto más liberal..
Finalmente, en 1986, la presidencia decide enviar el proyecto de la Secretaría de Información Pública al Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE) en la búsqueda de consenso de los distintos grupos sociales.
El Proyecto COCODE
La propuesta guardaba similitud con lo que había sido el proyecto RATELVE en Venezuela. Se trataba de un proyecto abierto que concebía al derecho a la información como complemento de la libertad de expresión. La autoridad de aplicación que instituía era un cuerpo colegiado que debía ser asesorado por una junta integrada por representantes de los distintos sectores sociales. Tenía una concepción descentralizadora, en tanto que permitía a las provincias decidir sobre el otorgamiento de las licencias. Proponía la creación de un sistema de comunicación estatal y otro gubernamental y abría la posibilidad para que cualquier persona jurídica pudiera acceder a la explotación, permitiendo iguales tiempos de publicidad a las sociedades sin fines de lucro que a las sociedades comerciales. Contemplaba la creación de un instituto de investigación y promoción audiovisual. Creaba la figura del defensor público. Limitaba la participación de los medios gráficos al 33% de los votos accionarios y del capital de los medios en una misma área de cobertura que la publicación impresa. Permitía la creación de redes, pero las acotaba a 5 emisoras y limitaba el tiempo de programación centralizada al 30%. Establecía un porcentaje obligatorio del 15% para la producción local durante los dos primeros años y del 25% para los subsiguientes. Habilitaba a las emisoras no autorizadas a regularizar su situación.
En 1988, el proyecto quedó sin estado parlamentario y fue abandonado debido a que el Poder Ejecutivo manifestó grandes diferencias con el Consejo, además de la presión que se verificó por parte de Clarín.
La expansión del cable
En 1986, el Decreto 1613 posibilitó el acceso restringido a la recepción satelital por parte de permisionarios de servicios televisivos abiertos ó cerrados, personas dedicadas a la experimentación nucleadas en entidades sin fines de lucro y repetidoras de ATC. Esta fue la llave que posibilitó el fuerte crecimiento del cable en Argentina, en la medida en que simplificó el proceso de venta de señales a los cables del interior a partir de la simple instalación de una antena parabólica. VCC y Cablevisión pronto oligopolizaron el mercado y luego realizaron acuerdos para dividirse el territorio de prestación.
Argentina también adhirió al Convenio de Nairobi, que aprobó la utilización de 48 canales UHF, libres y gratuitos; pero la suspensión de los concursos públicos por parte del gobierno inhabilitó su uso. De este modo, unos canales que hubieran podido servir para propósitos de difusión social y comunitaria, terminaron adjudicándose –mediante Decreto del COMFER- a personas que codificaron la señal.
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Bibliografía:
Com, S. (2006) Alfonsinismo, contexto sociopolítico y medios de comunicación. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 7: Relaciones peligrosas: Los medios y la dictadura del ´76
La PNC implementada por la dictadura militar que gobernó del ´76 al ´83 fue explícita y activa. Desde una lógica plenamente instrumental, buscó obtener un consenso social que le permitiera llevar adelante sus dos acciones fundamentales: la lucha represiva contra todo lo que definieron como subversivo y la implementación de un nuevo patrón de acumulación basado en la valorización financiera.
Las principales herramientas fueron la censura, el control por medio de organismos de supervisión y la dependencia económica de los medios respecto del Estado (ya sea como el principal anunciante publicitario, mediante el otorgamiento de subsidios, generando condiciones diferenciadas para la compra de insumos, etc).
En esta etapa la brecha entre ricos y pobres se amplió en un 50% y la deuda externa se multiplicó por seis. Fue además un período de gran fuga de capitales. Más de un centenar de trabajadores de prensa fueron desaparecidos, decenas de ellos fueron asesinados y otros obligados al exilio. Muchas empresas periodísticas fueron allanadas, sus directores y reporteros detenidos y encarcelados. Se intervino militarmente la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras.
El objetivo principal era el disciplinamiento de una sociedad que tenía altos niveles de politización. El enemigo ideológico se “filtraba” a través de la industria cultural y los medios de comunicación. El terrorismo de Estado necesitó de una clara política de desinformación, manipulación y censura, así como de un poderoso mecanismo de inteligencia, para llevar a cabo sus objetivos. El gobierno conformó organismos específicos como el Comité de Estudios sobre los Medios de Comunicación Escritos y el Centro de Investigaciones Psicosociales Aplicativas (CIPA). Asimismo, en la casa rosada, funcionaba un Servicio Gratuito de Lectura Previa, a donde debían enviarse los triplicados de cada edición, un juego para ser devuelto con correcciones y los otros dos para su censura posterior. El organismo rector en materia de comunicaciones era la SECOM.
Paradójicamente, pese a declamar el liberalismo económico en todos los planos, nunca cedieron el control de los canales y radios que gestionaban.
La Secretaría de Información Pública (SIP) elaboró un Plan Nacional de Comunicación Social, dentro de la cual un departamento específico se encargaba de producir todo el material gráfico y audiovisual de la propaganda gubernamental; a su vez, el gobierno contrató a las principales agencias publicitarias que funcionaban en el país.
Varela (2001) describe dos etapas diferenciadas en el manejo de los medios:
- Entre 1976 y 1980, una etapa de persecución y censura.
- Entre 1980 y 1983 se produce un quiebre del discurso monolítico de la dictadura, que se acentúa luego de la derrota de Malvinas.
La autocensura interna reguló sin necesidad de configurar una oficina centralizada, los medios “entraron en cadena”, limitaron su crítica casi exclusivamente a la política económica.
La Armada se quedó con el control de la SIP y el canal 13; el Ejército tuvo bajo su órbita la Secretaría de Prensa y Difusión, Canal 7 y Canal 9; la Fuerza Aérea controló Canal 11.
El Estado subsidió a los medios gráficos determinando un dólar más barato para la importación. Aún así, los medios culminaron el período en una situación de descalabro financiero, juicios por incumplimiento de contratos y archivos derruidos.
En esta etapa surgen las FM, que fueron adjudicadas a cada una de las AM. Éstas tuvieron una programación principalmente musical y no lograron una audiencia importante hasta los años 80.
Tres casos relevantes
- La negociación extrajudicial con los ex licenciatarios para la nacionalización de los canales de TV
El único que no cedió fue Romay, que nunca había estado dispuesto a vender, y sostuvo la situación judicial hasta 1982, año en que recuperó la titularidad.
- La incorporación de la Norma PAL- N para la emisión de señales en color
Una de las condiciones que había impuesto la FIFA para la realización de la Copa Mundial del 78 era la transmisión por TV en color. Aunque la racionalidad económica indicaba que se optaría por la norma NTSC promovida por los Estados Unidos, el gobierno finalmente se inclinó por la norma alemana PAL- N, posiblemente como parte del acuerdo con la FIFA. Finalmente, los partidos sólo se emitieron en color para el exterior. Recién en 1980 se implementó la nueva tecnología fronteras adentro.
- La transferencia de acciones y la conformación de Papel Prensa como sociedad mixta.
Cuando la dictadura llegó al poder, la mayoría de las acciones estaban en poder de la familia Graiver. Su presidente, David Graiver, fue acusado por sus vinculaciones con Montoneros y muerto en un dudoso accidente aéreo en 1976. Al año siguiente, el gobierno forzó a la familia a deshacerse de las acciones y se quedó con el 25% del paquete. El porcentaje restante fue ofrecido a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa. Esta última no aceptó aduciendo compromisos previos con papeleras canadienses y finlandesas. El traspaso a las tres empresas restantes se realizó por 8 millones de dólares y el mismo gobierno financió los montos a través del Banco Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, se acompañó el acuerdo con un importante subsidio al consumo eléctrico y el aumento del 48% en los aranceles a la importación de papel. Esta acción generó ventajas comparativas para Clarín, La Nación y La Razón.
La Ley de Radiodifusión 22285
En 1980 el gobierno de Videla sancionó el Decreto- Ley de Radiodifusión 22285 inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional. La norma fue diseñada por el Poder Ejecutivo en conjunto con las principales asociaciones patronales del sector (ARPA y ATA), de ahí que su contenido refleje la coincidencia de los intereses del Estado (control ideológico) y los empresarios (fin de lucro).
- Definición del servicio: De interés público (con rol subsidiario del Estado)
- Sistema: mixto competitivo (SOR + Privados)
- Financiamiento: publicidad hasta 14´/ hora en radio y 12´/hora en TV, incluyendo institucionales
- Duración de las licencias: 15 años, prorrogable a 10.
El directorio del licenciatario puede estar integrado hasta por 20 personas físicas, identificables. No se permiten Sociedades Anónimas. Sólo entidades con fines de lucro.
- Autoridad de aplicación: COMFER (Integrado por las tres FFAA+ SIP+ SECOM+ SIDE (con voz y voto)+ Iglesia+ Entidades de radio y TV (con vos y sin voto).
- Redes: No se permiten.
Se permiten hasta 3 licencias de radio AM + 1 de TV en distintas zonas + 1 FM+ 1 CCTV+ 1 cable (estos últimos definidos como “servicios complementarios” sin regulación específica)
- Capital extranjero: no admitido
Tampoco admite la participación de empresas de medios gráficos.
El Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA)
Aprobado en 1981 para fijar localizaciones, potencias, frecuencias y categorías de los diferentes servicios que conformaban el sistema de radiodifusión, en tres etapas que se extenderían hasta 1994. Se proponía ordenar el espectro, privatizar las emisoras de radio del Estado y algunas señales de TV y llamar a concurso para nuevas licencias.
Tal como estaba diseñado, hubiera permitido el ingreso de nuevos actores, pero siempre bajo el férreo control del Estado.
Causas del colapso
- El grado de aventurerismo militar desplegado por un sector de las FFAA en torno del conflicto con Chile.
- El dólar trepa a cifras siderales. La suba de las tasas de interés por parte de los Estados Unidos tornó impagable la deuda externa. Cavallo, presidente del Banco Central, estatizó la deuda privada.
- Recomposición del movimiento social que comienza a emitir expresiones de rechazo a la dictadura
- El fracaso de la Guerra de Malvinas y la evidencia de la manipulación informativa con propaganda triunfalista
Cuando la salida de las FFAA del poder comienza a verse como inminente, se ejecuta una ola de privatizaciones en los canales de TV. Canal 11 queda vacante debido a la deuda que poseía. El único oferente es Héctor Ricardo García, y éste se encontraba impedido por Ley para acceder a la licencia. La licitación de Canal 13 fue declarada desierta porque ningún oferente llegó a cubrir el valor del edificio y sus instalaciones. Finalmente, canal 9 es restituido a Romay mediante un fallo que le reconocía la propiedad del edificio y le adjudicaba el beneficio del lucro cesante.
__________
Bibliografía:
Postolski, G. y Marino, S. (2006) Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Las principales herramientas fueron la censura, el control por medio de organismos de supervisión y la dependencia económica de los medios respecto del Estado (ya sea como el principal anunciante publicitario, mediante el otorgamiento de subsidios, generando condiciones diferenciadas para la compra de insumos, etc).
En esta etapa la brecha entre ricos y pobres se amplió en un 50% y la deuda externa se multiplicó por seis. Fue además un período de gran fuga de capitales. Más de un centenar de trabajadores de prensa fueron desaparecidos, decenas de ellos fueron asesinados y otros obligados al exilio. Muchas empresas periodísticas fueron allanadas, sus directores y reporteros detenidos y encarcelados. Se intervino militarmente la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras.
El objetivo principal era el disciplinamiento de una sociedad que tenía altos niveles de politización. El enemigo ideológico se “filtraba” a través de la industria cultural y los medios de comunicación. El terrorismo de Estado necesitó de una clara política de desinformación, manipulación y censura, así como de un poderoso mecanismo de inteligencia, para llevar a cabo sus objetivos. El gobierno conformó organismos específicos como el Comité de Estudios sobre los Medios de Comunicación Escritos y el Centro de Investigaciones Psicosociales Aplicativas (CIPA). Asimismo, en la casa rosada, funcionaba un Servicio Gratuito de Lectura Previa, a donde debían enviarse los triplicados de cada edición, un juego para ser devuelto con correcciones y los otros dos para su censura posterior. El organismo rector en materia de comunicaciones era la SECOM.
Paradójicamente, pese a declamar el liberalismo económico en todos los planos, nunca cedieron el control de los canales y radios que gestionaban.
La Secretaría de Información Pública (SIP) elaboró un Plan Nacional de Comunicación Social, dentro de la cual un departamento específico se encargaba de producir todo el material gráfico y audiovisual de la propaganda gubernamental; a su vez, el gobierno contrató a las principales agencias publicitarias que funcionaban en el país.
Varela (2001) describe dos etapas diferenciadas en el manejo de los medios:
- Entre 1976 y 1980, una etapa de persecución y censura.
- Entre 1980 y 1983 se produce un quiebre del discurso monolítico de la dictadura, que se acentúa luego de la derrota de Malvinas.
La autocensura interna reguló sin necesidad de configurar una oficina centralizada, los medios “entraron en cadena”, limitaron su crítica casi exclusivamente a la política económica.
La Armada se quedó con el control de la SIP y el canal 13; el Ejército tuvo bajo su órbita la Secretaría de Prensa y Difusión, Canal 7 y Canal 9; la Fuerza Aérea controló Canal 11.
El Estado subsidió a los medios gráficos determinando un dólar más barato para la importación. Aún así, los medios culminaron el período en una situación de descalabro financiero, juicios por incumplimiento de contratos y archivos derruidos.
En esta etapa surgen las FM, que fueron adjudicadas a cada una de las AM. Éstas tuvieron una programación principalmente musical y no lograron una audiencia importante hasta los años 80.
Tres casos relevantes
- La negociación extrajudicial con los ex licenciatarios para la nacionalización de los canales de TV
El único que no cedió fue Romay, que nunca había estado dispuesto a vender, y sostuvo la situación judicial hasta 1982, año en que recuperó la titularidad.
- La incorporación de la Norma PAL- N para la emisión de señales en color
Una de las condiciones que había impuesto la FIFA para la realización de la Copa Mundial del 78 era la transmisión por TV en color. Aunque la racionalidad económica indicaba que se optaría por la norma NTSC promovida por los Estados Unidos, el gobierno finalmente se inclinó por la norma alemana PAL- N, posiblemente como parte del acuerdo con la FIFA. Finalmente, los partidos sólo se emitieron en color para el exterior. Recién en 1980 se implementó la nueva tecnología fronteras adentro.
- La transferencia de acciones y la conformación de Papel Prensa como sociedad mixta.
Cuando la dictadura llegó al poder, la mayoría de las acciones estaban en poder de la familia Graiver. Su presidente, David Graiver, fue acusado por sus vinculaciones con Montoneros y muerto en un dudoso accidente aéreo en 1976. Al año siguiente, el gobierno forzó a la familia a deshacerse de las acciones y se quedó con el 25% del paquete. El porcentaje restante fue ofrecido a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa. Esta última no aceptó aduciendo compromisos previos con papeleras canadienses y finlandesas. El traspaso a las tres empresas restantes se realizó por 8 millones de dólares y el mismo gobierno financió los montos a través del Banco Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, se acompañó el acuerdo con un importante subsidio al consumo eléctrico y el aumento del 48% en los aranceles a la importación de papel. Esta acción generó ventajas comparativas para Clarín, La Nación y La Razón.
La Ley de Radiodifusión 22285
En 1980 el gobierno de Videla sancionó el Decreto- Ley de Radiodifusión 22285 inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional. La norma fue diseñada por el Poder Ejecutivo en conjunto con las principales asociaciones patronales del sector (ARPA y ATA), de ahí que su contenido refleje la coincidencia de los intereses del Estado (control ideológico) y los empresarios (fin de lucro).
- Definición del servicio: De interés público (con rol subsidiario del Estado)
- Sistema: mixto competitivo (SOR + Privados)
- Financiamiento: publicidad hasta 14´/ hora en radio y 12´/hora en TV, incluyendo institucionales
- Duración de las licencias: 15 años, prorrogable a 10.
El directorio del licenciatario puede estar integrado hasta por 20 personas físicas, identificables. No se permiten Sociedades Anónimas. Sólo entidades con fines de lucro.
- Autoridad de aplicación: COMFER (Integrado por las tres FFAA+ SIP+ SECOM+ SIDE (con voz y voto)+ Iglesia+ Entidades de radio y TV (con vos y sin voto).
- Redes: No se permiten.
Se permiten hasta 3 licencias de radio AM + 1 de TV en distintas zonas + 1 FM+ 1 CCTV+ 1 cable (estos últimos definidos como “servicios complementarios” sin regulación específica)
- Capital extranjero: no admitido
Tampoco admite la participación de empresas de medios gráficos.
El Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA)
Aprobado en 1981 para fijar localizaciones, potencias, frecuencias y categorías de los diferentes servicios que conformaban el sistema de radiodifusión, en tres etapas que se extenderían hasta 1994. Se proponía ordenar el espectro, privatizar las emisoras de radio del Estado y algunas señales de TV y llamar a concurso para nuevas licencias.
Tal como estaba diseñado, hubiera permitido el ingreso de nuevos actores, pero siempre bajo el férreo control del Estado.
Causas del colapso
- El grado de aventurerismo militar desplegado por un sector de las FFAA en torno del conflicto con Chile.
- El dólar trepa a cifras siderales. La suba de las tasas de interés por parte de los Estados Unidos tornó impagable la deuda externa. Cavallo, presidente del Banco Central, estatizó la deuda privada.
- Recomposición del movimiento social que comienza a emitir expresiones de rechazo a la dictadura
- El fracaso de la Guerra de Malvinas y la evidencia de la manipulación informativa con propaganda triunfalista
Cuando la salida de las FFAA del poder comienza a verse como inminente, se ejecuta una ola de privatizaciones en los canales de TV. Canal 11 queda vacante debido a la deuda que poseía. El único oferente es Héctor Ricardo García, y éste se encontraba impedido por Ley para acceder a la licencia. La licitación de Canal 13 fue declarada desierta porque ningún oferente llegó a cubrir el valor del edificio y sus instalaciones. Finalmente, canal 9 es restituido a Romay mediante un fallo que le reconocía la propiedad del edificio y le adjudicaba el beneficio del lucro cesante.
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Bibliografía:
Postolski, G. y Marino, S. (2006) Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 6: La televisión argentina del post peronismo hasta el golpe del 76
La televisión argentina en los 50
Para cuando la Revolución Libertadora toma el poder, el objetivo de su política de medios queda definido mediante la intención de desperonizar y desmantelar el sistema mediático.
Una de las primeras medidas de Lonardi fue la firma del Decreto 170/55 que declara nulas las adjudicaciones realizadas en 1954 y faculta al gobierno para nombrar interventores. Asimismo, el Decreto 1731/ 57 deroga la Ley de Radiodifusión promulgada por el peronismo. En ese mismo año, se sanciona el Decreto- Ley 15460, cuya configuración para los medios es la siguiente:
- Definición del servicio: De interés público
- Sistema: mixto competitivo (SOR + Privados)
- Financiamiento: publicidad sin límite
- Duración de las licencias: 15 años, desde su adjudicación
- Autoridad de aplicación: CONART (Consejo Nacional de Radio y Televisión)
- Redes: No se permiten. Un mismo propietario sólo puede tener una licencia de radio más una de TV.
- Capital extranjero: no admitido
En 1958 Aramburu firma el decreto por el cual se adjudican las tres primeras licencias para establecer canales privados de televisión, se crean los canales 9, 11 y 13 de Capital Federal, quienes a partir de 1960 comienzan a buscar financiamiento.
CANAL 9- CADETE- Ind. TV +militares- NBC- Telecenter
CANAL 11- DICON- Iglesia Católica- ABC- Telerama
CANAL 13- RIO DE LA PLATA TV- UCR- P+ Oligarquía- CBS- Proartel
Como la ley prohibía la participación del capital extranjero, la relación se estableció mediante productoras asociadas controladas por empresas norteamericanas. Dichas productoras vendían sus contenidos a las canales de Capital y del interior, desvirtuando también la prohibición de transmitir en cadenas y reforzando el centralismo porteño.
La televisión argentina en los 60
La fisonomía actual del sistema televisivo que conocemos, con su sistema propio de explotación comercial de tipo competitivo, fue adquirida claramente durante la década del 60. En esta etapa se amplía la oferta de programación, se masifica la tenencia de aparatos receptores y se consolida el sistema publicitario.
A partir de 1965 se comienza a vislumbrar un paulatino alejamiento de los capitales extranjeros de la TV argentina. Las razones podrían ser dos: primero, la crisis de rentabilidad que por entonces sufría la TV norteamericana y el traslado de las inversiones hacia otras áreas tecnológicas más atractivas (satélites, VCR, TV por cable); segundo, y en definitiva, el objetivo inicial que era abrir nuevos mercados a la producción de contenidos norteamericanos ya había sido logrado. Las cadenas norteamericanas continuarán vendiendo sus productos a las bocas de expendio establecidas en Sudamérica, aún habiéndose deshecho de sus acciones en las productoras nacionales.
Con el retiro de las inversiones extranjeras, nuevos actores ingresan en la estructura de propiedad de estos tres medios:
CANAL 9- Romay
Canal 11- Héctor Ricardo García (Diario Crónica)
CANAL 13- Goar Mestre y Flia Vigil (Ed. Atlántida)
Si bien el decreto Ley que establecía la nueva Ley de Medios de la dictadura se firmó en 1957, su reglamentación no se concretó hasta 1965. En ese año se firma el Decreto 5490 que rectifica la fecha de inicio para el conteo del plazo de duración de las licencias. El mencionado decreto indica que el plazo debe calcularse desde la fecha en que la emisora inicia sus transmisiones, lo que significaba extender de hecho dos y hasta tres años el plazo de caducidad. La consecuencia de esta reglamentación se visualizará luego en 1973, cuando el peronismo cuestione dicha rectificación.
Orígenes de la TV por Cable
Es posible encontrar puntos de contacto entre la forma en que nació la radio y los orígenes de la TV por cable en nuestro país. La actividad comienza en Córdoba, cuando tres amigos aficionados deciden crear un circuito cerrado de TV para impulsar la venta de los televisores que fabricaban.
Hacia fines de los 60 eran 29 los sistemas de cable. En la década del 80 se inicia su expansión, tecnología satelital mediante, hasta llegar al sistema oligopolizado que conocemos hoy.
El desarrollo de la TV por cable se vio favorecido en sus inicios, al igual que la radio, por la ausencia de reglamentación específica para la actividad: sólo hacía falta un permiso municipal para extender el cableado. La Ley de Medios de la última dictadura (22285) tampoco vislumbró su potencial, comprendiéndolo como un “servicio complementario”.
La televisión argentina en los 70
Durante los 7 años que duró la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, sólo se otorgó un canal de aire a licenciatarios privados. Este hecho habla de una fuerte centralización política del Estado, motivada por la radicalización social y política que se verificaba en el país.
En 1972, Lanusse firma el Decreto 6708 que deroga el Decreto 5490 reglamentario de la Ley 5490. Esto hace que el cómputo de los plazos de caducidad de las licencias se retrotraiga a la letra original, es decir, que se compute desde la fecha de adjudicación.
En 1973 Lastiri, ocho días antes de la asunción de Perón, firmaba el Decreto 1761 por el cual se declaran caducas las licencias de los tres canales porteños, más el canal 8 de Mar del Plata y el canal 7 de Mendoza. Gracias al decreto firmado por Lanusse en 1972, las licencias debían renovarse y el peronismo tenía en sus manos la decisión de estatizar o re- adjudicar la explotación de las frecuencias.
Perón regresó a la Argentina fuertemente influenciado por el modelo de televisión europeo, visión que sumada a la fuerte crisis económica, redundó en la estatización de todos los canales privados del país.
En 1974, Perón convoca a todos los gremios vinculados con el medio televisivo para consensuar un modelo de “servicio público” con un desplazamiento hacia la lógica de complementariedad (y no ya “de interés público” con una lógica competitiva). Pero tras la muerte de Perón y con el ascenso de López Rega, no sólo el proyecto queda trunco, sino que se inicia un periodo de fuerte persecución a los gremios y a los trabajadores de la cultura en general, al mismo tiempo que aumentaba la censura. Los medios nacionalizados formarán entonces parte de una valiosa herencia para el Proceso.
__________
Bibliografía:
Bulla, G. (2006) Televisión argentina en los 60: la consolidación de un negocio de largo alcance. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Morone, R. y De Charras, D. (2006) El servicio público que no fue. La televisión en el tercer gobierno peronista. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Para cuando la Revolución Libertadora toma el poder, el objetivo de su política de medios queda definido mediante la intención de desperonizar y desmantelar el sistema mediático.
Una de las primeras medidas de Lonardi fue la firma del Decreto 170/55 que declara nulas las adjudicaciones realizadas en 1954 y faculta al gobierno para nombrar interventores. Asimismo, el Decreto 1731/ 57 deroga la Ley de Radiodifusión promulgada por el peronismo. En ese mismo año, se sanciona el Decreto- Ley 15460, cuya configuración para los medios es la siguiente:
- Definición del servicio: De interés público
- Sistema: mixto competitivo (SOR + Privados)
- Financiamiento: publicidad sin límite
- Duración de las licencias: 15 años, desde su adjudicación
- Autoridad de aplicación: CONART (Consejo Nacional de Radio y Televisión)
- Redes: No se permiten. Un mismo propietario sólo puede tener una licencia de radio más una de TV.
- Capital extranjero: no admitido
En 1958 Aramburu firma el decreto por el cual se adjudican las tres primeras licencias para establecer canales privados de televisión, se crean los canales 9, 11 y 13 de Capital Federal, quienes a partir de 1960 comienzan a buscar financiamiento.
CANAL 9- CADETE- Ind. TV +militares- NBC- Telecenter
CANAL 11- DICON- Iglesia Católica- ABC- Telerama
CANAL 13- RIO DE LA PLATA TV- UCR- P+ Oligarquía- CBS- Proartel
Como la ley prohibía la participación del capital extranjero, la relación se estableció mediante productoras asociadas controladas por empresas norteamericanas. Dichas productoras vendían sus contenidos a las canales de Capital y del interior, desvirtuando también la prohibición de transmitir en cadenas y reforzando el centralismo porteño.
La televisión argentina en los 60
La fisonomía actual del sistema televisivo que conocemos, con su sistema propio de explotación comercial de tipo competitivo, fue adquirida claramente durante la década del 60. En esta etapa se amplía la oferta de programación, se masifica la tenencia de aparatos receptores y se consolida el sistema publicitario.
A partir de 1965 se comienza a vislumbrar un paulatino alejamiento de los capitales extranjeros de la TV argentina. Las razones podrían ser dos: primero, la crisis de rentabilidad que por entonces sufría la TV norteamericana y el traslado de las inversiones hacia otras áreas tecnológicas más atractivas (satélites, VCR, TV por cable); segundo, y en definitiva, el objetivo inicial que era abrir nuevos mercados a la producción de contenidos norteamericanos ya había sido logrado. Las cadenas norteamericanas continuarán vendiendo sus productos a las bocas de expendio establecidas en Sudamérica, aún habiéndose deshecho de sus acciones en las productoras nacionales.
Con el retiro de las inversiones extranjeras, nuevos actores ingresan en la estructura de propiedad de estos tres medios:
CANAL 9- Romay
Canal 11- Héctor Ricardo García (Diario Crónica)
CANAL 13- Goar Mestre y Flia Vigil (Ed. Atlántida)
Si bien el decreto Ley que establecía la nueva Ley de Medios de la dictadura se firmó en 1957, su reglamentación no se concretó hasta 1965. En ese año se firma el Decreto 5490 que rectifica la fecha de inicio para el conteo del plazo de duración de las licencias. El mencionado decreto indica que el plazo debe calcularse desde la fecha en que la emisora inicia sus transmisiones, lo que significaba extender de hecho dos y hasta tres años el plazo de caducidad. La consecuencia de esta reglamentación se visualizará luego en 1973, cuando el peronismo cuestione dicha rectificación.
Orígenes de la TV por Cable
Es posible encontrar puntos de contacto entre la forma en que nació la radio y los orígenes de la TV por cable en nuestro país. La actividad comienza en Córdoba, cuando tres amigos aficionados deciden crear un circuito cerrado de TV para impulsar la venta de los televisores que fabricaban.
Hacia fines de los 60 eran 29 los sistemas de cable. En la década del 80 se inicia su expansión, tecnología satelital mediante, hasta llegar al sistema oligopolizado que conocemos hoy.
El desarrollo de la TV por cable se vio favorecido en sus inicios, al igual que la radio, por la ausencia de reglamentación específica para la actividad: sólo hacía falta un permiso municipal para extender el cableado. La Ley de Medios de la última dictadura (22285) tampoco vislumbró su potencial, comprendiéndolo como un “servicio complementario”.
La televisión argentina en los 70
Durante los 7 años que duró la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, sólo se otorgó un canal de aire a licenciatarios privados. Este hecho habla de una fuerte centralización política del Estado, motivada por la radicalización social y política que se verificaba en el país.
En 1972, Lanusse firma el Decreto 6708 que deroga el Decreto 5490 reglamentario de la Ley 5490. Esto hace que el cómputo de los plazos de caducidad de las licencias se retrotraiga a la letra original, es decir, que se compute desde la fecha de adjudicación.
En 1973 Lastiri, ocho días antes de la asunción de Perón, firmaba el Decreto 1761 por el cual se declaran caducas las licencias de los tres canales porteños, más el canal 8 de Mar del Plata y el canal 7 de Mendoza. Gracias al decreto firmado por Lanusse en 1972, las licencias debían renovarse y el peronismo tenía en sus manos la decisión de estatizar o re- adjudicar la explotación de las frecuencias.
Perón regresó a la Argentina fuertemente influenciado por el modelo de televisión europeo, visión que sumada a la fuerte crisis económica, redundó en la estatización de todos los canales privados del país.
En 1974, Perón convoca a todos los gremios vinculados con el medio televisivo para consensuar un modelo de “servicio público” con un desplazamiento hacia la lógica de complementariedad (y no ya “de interés público” con una lógica competitiva). Pero tras la muerte de Perón y con el ascenso de López Rega, no sólo el proyecto queda trunco, sino que se inicia un periodo de fuerte persecución a los gremios y a los trabajadores de la cultura en general, al mismo tiempo que aumentaba la censura. Los medios nacionalizados formarán entonces parte de una valiosa herencia para el Proceso.
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Bibliografía:
Bulla, G. (2006) Televisión argentina en los 60: la consolidación de un negocio de largo alcance. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Morone, R. y De Charras, D. (2006) El servicio público que no fue. La televisión en el tercer gobierno peronista. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 5: La radiodifusión en el peronismo
Entre 1945 y 1946 los principales medios del país intentaban formar opinión en el público de manera condenatoria en torno de la figura de Perón.
Quizás de allí surja la motivación y por eso podamos decir hoy que el peronismo fue el primer gobierno que tuvo una visión estratégica del sistema de medios argentinos. Para Perón, la comunicación por medio de la industria audiovisual y de la industria gráfica se constituía como una herramienta transformadora de la sociedad. Sus políticas tendieron a conformar un monopolio de la información para controlar la influencia en las masas. Dicho monopolio estuvo respaldado por un doble proceso de concentración, política y económica, que culminó con la concesión de las tres principales licencias de radiodifusión a quienes eran incondicionales a Perón y con la regulación ideológica que derivó en un sistema de medios para- estatal. Durante este período, asistimos a una muy fuerte intervención estatal con restricciones a las libertades de prensa, de imprenta y de expresión.
Las principales medidas de sus gobiernos fueron:
- Expropiación y limitación del papel
- Modificación del código penal para limitar la crítica a su gobierno (potenció la figura del desacato)
- Declaración del estado de guerra interno y del estado de sitio para suspender las garantías constitucionales
- Allanamientos, adquisición, clausuras y expropiaciones de medios gráficos
- Autocensura de los restantes medios
- Creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Anti- argentinas
Primer gobierno
Cuando Perón ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, durante el gobierno de Farrell, se instituye el Estatuto del Periodista, norma destinada a atenuar las carencias y desigualdades experimentadas por los trabajadores de la prensa. En abril de 1945 crea la agencia de noticias TELAM, emprendimiento de carácter mixto, para contrarrestar la influencia de las agencias norteamericanas AP y UPI. Finalmente, veinte días antes de traspasar el mando a Perón, Farrell aprobó el Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión.
Durante su primera presidencia, Perón benefició a la cinematografía local estableciendo la obligatoriedad de exhibición de películas argentinas en todo el país, reglamentando la Ley de Protección a la Industria Cinematográfica, creando el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y estableciendo cuotas de pantalla. El semanario cinematográfico Sucesos Argentinos fue de vital importancia para la propaganda gubernamental.
El país consolidó finalmente un modelo de radiodifusión sonora populista bajo la influencia del modelo comercial norteamericano.
La importancia adquirida por la Subsecretaría de Informaciones y Prensa de la presidencia, bajo el control de Apold, solamente pudo ser comparable, en relación a sus impactos, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Un medio fue expropiado (La Razón) y cuatro medios fueron adquiridos por el Estado en esta primera etapa: Democracia (luego denominada ALEA), Radio Belgrano y Primera Cadena Argentina de Broadcasting, editorial Haynes y editorial La Razón. Lo ocurrido con Radio Belgrano fue un evento particular: se le suspendió la licencia a Yankelevich debido a la difusión de críticas al gobierno, un año después éste le ofreció la venta del medio al gobierno, el que finalmente aceptó y lo nombró director. Editorial Haynes publicaba diarios y revistas muy populares: el Gráfico, Billiken, Para Ti, Caras y Caretas, PBT, El Hogar, Selecta, el diario El Mundo y además poseía una red de emisoras radiales denominada Azul y Blanca. Un caso similar fue el de editorial La Razón, que también poseía la red Splendid, la cual fue comprada a Peralta Ramos para luego delegar en él la dirección. En muchos casos, los antiguos propietarios de medios pasaron a ser empleados del Estado con grandes sueldos.
Los inicios de la televisión
A diferencia de lo que ocurrió con la radio, que se desarrolló por iniciativa privada, por decisión directa de Perón el desarrollo de la televisión en el país se realizó por iniciativa estatal y fue encomendado a Jaime Yankelevich, quien importó las cámaras, la antena transmisora y los aparatos receptores desde Estados Unidos. Hacia 1951 la televisión era un medio muy selectivo (2500 aparatos). Desde Canal 7 la TV comenzó oficialmente sus transmisiones el 17 de Octubre de 1951 con el Acto del Día de la Lealtad realizado en Plaza de Mayo. El directos de cámaras fue Enrique Susini.
Mientras que la radiodifusión sonora argentina fue pionera en el mundo, la introducción de la TV fue percibida como retrasada en referencia a otros países de América Latina como Brasil, México y Cuba.
La primera Ley de Medios
Durante la segunda presidencia de Perón, en 1953, se sanciona la primera ley de radiodifusión del país, la Ley 14241.
- Definición del servicio: De interés público
- Sistema: mixto competitivo (SOR + Privados)
- Financiamiento: publicidad sin límite
- Duración de las licencias: 20 años
- Autoridad de aplicación: Ministerio de Comunicaciones
- Redes: 3 redes +Sistema oficial de radiodifusión (SOR) + Sistema internacional de radiodifusión (SIR)
- Capital extranjero: permite hasta un 30%
Observaciones:
El servicio se define “de interés público” porque la noción de “servicio público” que se regía en ese momento por la Constitución del 49 hubiera colisionado, en tanto que exigía que los mismos pertenecieran al Estado y no pudieran ser concesionados para su explotación.
En relación a los contenidos, la ley era fuertemente restrictiva y adjudicaba responsabilidades a las entidades radiodifusoras, apelaba a la autocensura y obligaba a mencionar las fuentes.
Luego de la sanción de la ley, se produjo el llamado a licitación para la adjudicación de las tres redes, que contaban con 24 emisoras cada una. La nueva ley establecía un plazo de 90 días para concretar dicho llamado; sin embargo, éste se realizó a los 7 meses. Esta controversia jurídica será el argumento utilizado por la Revolución Libertadora para derogar el llamado a licitación y readjudicar las licencias.
En 1954, Perón adjudicó las redes de la siguiente manera:
Red A: Editorial Haynes
Red B: A.P.T. (Asoc Promotores de Teleradiodifusión, SA en formación)
Red C: La Razón
Es decir, el sistema queda en manos de propietarios amigos y así dinamizado por una lógica para- estatal, revirtiendo la situación inicial de oposición mediática con la que se encontró Perón al asumir el poder en 1946.
__________
Bibliografía:
Arribá, S. (2006) El peronismo y la política de radiodifusión (1946- 1955). En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Quizás de allí surja la motivación y por eso podamos decir hoy que el peronismo fue el primer gobierno que tuvo una visión estratégica del sistema de medios argentinos. Para Perón, la comunicación por medio de la industria audiovisual y de la industria gráfica se constituía como una herramienta transformadora de la sociedad. Sus políticas tendieron a conformar un monopolio de la información para controlar la influencia en las masas. Dicho monopolio estuvo respaldado por un doble proceso de concentración, política y económica, que culminó con la concesión de las tres principales licencias de radiodifusión a quienes eran incondicionales a Perón y con la regulación ideológica que derivó en un sistema de medios para- estatal. Durante este período, asistimos a una muy fuerte intervención estatal con restricciones a las libertades de prensa, de imprenta y de expresión.
Las principales medidas de sus gobiernos fueron:
- Expropiación y limitación del papel
- Modificación del código penal para limitar la crítica a su gobierno (potenció la figura del desacato)
- Declaración del estado de guerra interno y del estado de sitio para suspender las garantías constitucionales
- Allanamientos, adquisición, clausuras y expropiaciones de medios gráficos
- Autocensura de los restantes medios
- Creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Anti- argentinas
Primer gobierno
Cuando Perón ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, durante el gobierno de Farrell, se instituye el Estatuto del Periodista, norma destinada a atenuar las carencias y desigualdades experimentadas por los trabajadores de la prensa. En abril de 1945 crea la agencia de noticias TELAM, emprendimiento de carácter mixto, para contrarrestar la influencia de las agencias norteamericanas AP y UPI. Finalmente, veinte días antes de traspasar el mando a Perón, Farrell aprobó el Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión.
Durante su primera presidencia, Perón benefició a la cinematografía local estableciendo la obligatoriedad de exhibición de películas argentinas en todo el país, reglamentando la Ley de Protección a la Industria Cinematográfica, creando el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y estableciendo cuotas de pantalla. El semanario cinematográfico Sucesos Argentinos fue de vital importancia para la propaganda gubernamental.
El país consolidó finalmente un modelo de radiodifusión sonora populista bajo la influencia del modelo comercial norteamericano.
La importancia adquirida por la Subsecretaría de Informaciones y Prensa de la presidencia, bajo el control de Apold, solamente pudo ser comparable, en relación a sus impactos, con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Un medio fue expropiado (La Razón) y cuatro medios fueron adquiridos por el Estado en esta primera etapa: Democracia (luego denominada ALEA), Radio Belgrano y Primera Cadena Argentina de Broadcasting, editorial Haynes y editorial La Razón. Lo ocurrido con Radio Belgrano fue un evento particular: se le suspendió la licencia a Yankelevich debido a la difusión de críticas al gobierno, un año después éste le ofreció la venta del medio al gobierno, el que finalmente aceptó y lo nombró director. Editorial Haynes publicaba diarios y revistas muy populares: el Gráfico, Billiken, Para Ti, Caras y Caretas, PBT, El Hogar, Selecta, el diario El Mundo y además poseía una red de emisoras radiales denominada Azul y Blanca. Un caso similar fue el de editorial La Razón, que también poseía la red Splendid, la cual fue comprada a Peralta Ramos para luego delegar en él la dirección. En muchos casos, los antiguos propietarios de medios pasaron a ser empleados del Estado con grandes sueldos.
Los inicios de la televisión
A diferencia de lo que ocurrió con la radio, que se desarrolló por iniciativa privada, por decisión directa de Perón el desarrollo de la televisión en el país se realizó por iniciativa estatal y fue encomendado a Jaime Yankelevich, quien importó las cámaras, la antena transmisora y los aparatos receptores desde Estados Unidos. Hacia 1951 la televisión era un medio muy selectivo (2500 aparatos). Desde Canal 7 la TV comenzó oficialmente sus transmisiones el 17 de Octubre de 1951 con el Acto del Día de la Lealtad realizado en Plaza de Mayo. El directos de cámaras fue Enrique Susini.
Mientras que la radiodifusión sonora argentina fue pionera en el mundo, la introducción de la TV fue percibida como retrasada en referencia a otros países de América Latina como Brasil, México y Cuba.
La primera Ley de Medios
Durante la segunda presidencia de Perón, en 1953, se sanciona la primera ley de radiodifusión del país, la Ley 14241.
- Definición del servicio: De interés público
- Sistema: mixto competitivo (SOR + Privados)
- Financiamiento: publicidad sin límite
- Duración de las licencias: 20 años
- Autoridad de aplicación: Ministerio de Comunicaciones
- Redes: 3 redes +Sistema oficial de radiodifusión (SOR) + Sistema internacional de radiodifusión (SIR)
- Capital extranjero: permite hasta un 30%
Observaciones:
El servicio se define “de interés público” porque la noción de “servicio público” que se regía en ese momento por la Constitución del 49 hubiera colisionado, en tanto que exigía que los mismos pertenecieran al Estado y no pudieran ser concesionados para su explotación.
En relación a los contenidos, la ley era fuertemente restrictiva y adjudicaba responsabilidades a las entidades radiodifusoras, apelaba a la autocensura y obligaba a mencionar las fuentes.
Luego de la sanción de la ley, se produjo el llamado a licitación para la adjudicación de las tres redes, que contaban con 24 emisoras cada una. La nueva ley establecía un plazo de 90 días para concretar dicho llamado; sin embargo, éste se realizó a los 7 meses. Esta controversia jurídica será el argumento utilizado por la Revolución Libertadora para derogar el llamado a licitación y readjudicar las licencias.
En 1954, Perón adjudicó las redes de la siguiente manera:
Red A: Editorial Haynes
Red B: A.P.T. (Asoc Promotores de Teleradiodifusión, SA en formación)
Red C: La Razón
Es decir, el sistema queda en manos de propietarios amigos y así dinamizado por una lógica para- estatal, revirtiendo la situación inicial de oposición mediática con la que se encontró Perón al asumir el poder en 1946.
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Bibliografía:
Arribá, S. (2006) El peronismo y la política de radiodifusión (1946- 1955). En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 4: La comisión del ´38
En la década del 30 la radio alcanzó una penetración social del 30%, adquiriendo un alto poder mediador dentro de la sociedad. La abrupta aparición de numerosas emisoras y la puja por el mercado publicitario hicieron que la discusión por la calidad de los contenidos pasara a integrar la agenda política del momento.
En 1938, durante la presidencia de Ortiz, se propuso la conformación de una comisión que realizara un diagnóstico de la situación de la industria de la radiodifusión y trazara un programa para el desarrollo del mismo por medio de un orden legal común.
Por entonces, dos modelos de radiodifusión estaban disponibles a nivel mundial: el modelo norteamericano, de propiedad privada, financiado por publicidad comercial; y el modelo europeo, de explotación oficial o mixta, sostenido por la aplicación de un canon a los propietarios de receptores o por la contribución voluntaria de los oyentes. En la comisión existía un claro favoritismo hacia el modelo europeo.
El diagnóstico al que se arribó fue el siguiente:
- Argentina poseía una infraestructura valiosa, pero obsoleta
- Alto grado de desigualdad en desarrollo de la industria según la zona geográfica (39% del territorio sin cobertura)
- El star system atraía la inversión publicitaria hacia Buenos Aires y con ella a la masa de oyentes, fenómeno que dio origen a la transmisión en cadenas repetidoras hacia el interior, lo que a su vez, aumentaba las ganancias de las radios del AMBA y cristalizaba la unidireccionalidad en la comunicación.
- La publicidad ocupaba casi el 20% del tiempo de transmisión
- Ausencia de garantías jurídicas, empleos precarios, des- sindicalizados
- El problema principal que se detecta es el de la calidad de los contenidos, no se consideraba a la radio como un vehículo cultural ni se respetaban normas estilísticas
- El crecimiento del sistema dependía exclusivamente de la acción del sector privado
A partir de ese momento, el Estado abandonará el rol de fiscalizador para tomar cartas en la planificación y en el desarrollo de políticas acordes al medio.
La comisión aconsejó la nacionalización para convertir a la radio en una fuerza propulsora de valores patrióticos y educativos. Como fuente de financiamiento, propuso la implementación de un impuesto al usuario del medio. Ante la presión de los propietarios de medios, la comisión matizó la propuesta transformándola en una organización mixta que combinara propiedad estatal y privada.
El carácter revolucionario del informe de la comisión del 38 radicó en que realizó un relevamiento de datos de carácter federal hasta entonces desconocidos, intentó interponer un orden jurídico y propiciar la intervención estatal en un medio que hasta el momento había sido librado a la iniciativa privada, en el cual el Estado sólo se limitaba a fiscalizar.
Ninguna de las propuestas de la comisión fue concretada por el Poder Ejecutivo.
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Bibliografía:
Korth, A. (2006) Un diagnóstico de la radiodifusión en la década del 30: la comisión del 38. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
En 1938, durante la presidencia de Ortiz, se propuso la conformación de una comisión que realizara un diagnóstico de la situación de la industria de la radiodifusión y trazara un programa para el desarrollo del mismo por medio de un orden legal común.
Por entonces, dos modelos de radiodifusión estaban disponibles a nivel mundial: el modelo norteamericano, de propiedad privada, financiado por publicidad comercial; y el modelo europeo, de explotación oficial o mixta, sostenido por la aplicación de un canon a los propietarios de receptores o por la contribución voluntaria de los oyentes. En la comisión existía un claro favoritismo hacia el modelo europeo.
El diagnóstico al que se arribó fue el siguiente:
- Argentina poseía una infraestructura valiosa, pero obsoleta
- Alto grado de desigualdad en desarrollo de la industria según la zona geográfica (39% del territorio sin cobertura)
- El star system atraía la inversión publicitaria hacia Buenos Aires y con ella a la masa de oyentes, fenómeno que dio origen a la transmisión en cadenas repetidoras hacia el interior, lo que a su vez, aumentaba las ganancias de las radios del AMBA y cristalizaba la unidireccionalidad en la comunicación.
- La publicidad ocupaba casi el 20% del tiempo de transmisión
- Ausencia de garantías jurídicas, empleos precarios, des- sindicalizados
- El problema principal que se detecta es el de la calidad de los contenidos, no se consideraba a la radio como un vehículo cultural ni se respetaban normas estilísticas
- El crecimiento del sistema dependía exclusivamente de la acción del sector privado
A partir de ese momento, el Estado abandonará el rol de fiscalizador para tomar cartas en la planificación y en el desarrollo de políticas acordes al medio.
La comisión aconsejó la nacionalización para convertir a la radio en una fuerza propulsora de valores patrióticos y educativos. Como fuente de financiamiento, propuso la implementación de un impuesto al usuario del medio. Ante la presión de los propietarios de medios, la comisión matizó la propuesta transformándola en una organización mixta que combinara propiedad estatal y privada.
El carácter revolucionario del informe de la comisión del 38 radicó en que realizó un relevamiento de datos de carácter federal hasta entonces desconocidos, intentó interponer un orden jurídico y propiciar la intervención estatal en un medio que hasta el momento había sido librado a la iniciativa privada, en el cual el Estado sólo se limitaba a fiscalizar.
Ninguna de las propuestas de la comisión fue concretada por el Poder Ejecutivo.
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Bibliografía:
Korth, A. (2006) Un diagnóstico de la radiodifusión en la década del 30: la comisión del 38. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 3: La radio argentina, de los pioneros a las cadenas
En 1920, Susini, Carranza, Guerrico y Mujica realizan la primera transmisión de radio. Se trataba de una transmisión experimental de la ópera Parsifal desde una antena ubicada en la terraza del teatro Coliseo hacia 50 aparatos receptores. Estos pioneros conforman LOR Radio Argentina, una sociedad concebida como actividad lúdica, formada por radioaficionados y financiada por sus propios dueños, sin publicidad ni subvención.
En ese momento el único marco legal vigente era la Ley 750 y ½ de Telégrafos Nacionales, sancionada en 1875, y la Ley 9127 de Servicio Telegráfico, sancionada en 1923, que establecía el monopolio estatal de las comunicaciones por considerarlas relacionadas con la seguridad del país. Es decir que la radio, en sus comienzos, careció de una regulación específica. En 1920, los permisos de radiodifusión eran autorizados por el Gobierno Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Marina y el Ministerio del Interior.
Hacia 1923 coexistían en nuestro país cuatro radios y tres modos de financiamiento distintos: Radio Argentina, mantenida por sus dueños; Radio Sud América, financiada por los empresarios del sector de comercio de aparatos receptores; y Radio Cultura, que había obtenido un permiso municipal para intercalar publicidad. Este mapa habla de una indefinición inicial por el modelo de financiamiento del medio, cuya intervención y planificación por parte del Estado estaba reducida al mínimo, quedando librado a la iniciativa privada.
Recién en 1924 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dicta el primer decreto específico que menciona al broadcasting como difusor de manifestaciones culturales. Esta normativa dividía a las estaciones en dos clases según su potencia (A ó B) y establecía que las licencias debían ser otorgadas por el Ministerio del Interior o de Marina, que las mismas eran personales y caducaban cada 31 de diciembre.
En el mismo año, Jaime Yankelevich compra la licencia de Radio Belgrano y plantea un modelo de radiodifusión de sesgo populista, caracterizado por el show y el entretenimiento popular, cuya audiencia se tornó inmediatamente significativa. Así impulsó a la publicidad como el modo de financiamiento preponderante de la radio.
En 1925, el presidente Alvear amplió la regulación del ´24 para introducir menciones a la calidad de los contenidos. Para entonces, aparece el primer multimedio, Radio La Nación, cuya propiedad era cruzada con el medio gráfico.
En 1927, la esposa del presidente, Regina Pacini de Alvear, impulsa la creación de Radio Municipal, siendo ésta la primera radio estatal. Al año siguiente, un decreto presidencial traslada el control de la radiodifusión a Correos y Telégrafos, reconociendo al especificidad de esta modalidad de distribución de información.
Con el segundo gobierno de Yrigoyen aparece la primera reglamentación nacional específica, integral y exhaustiva sobre los servicios de radiodifusión, constituida por un Reglamento que establecía normas en relación a los contenidos, a la mensurabilidad de la propaganda y al sistema de licencias para el cual los propietarios debían abonar una cuota anual.
Entre 1930 y 1946 la radio define su futuro. Debió enfrentar la oposición de la prensa escrita, que intentaba impedir que el nuevo medio se financiara por publicidad, quitándole una parte sustancial de los ingresos. Los diarios de la época postulaban que la radiodifusión debía ser un “servicio público”.
En 1935 la Editorial Haynes funda Radio El Mundo. Entre las condiciones de adjudicación de la licencia, se solicitaba que dos horas de la programación debían ser cedidas al gobierno nacional. La editorial, renuente a aceptar dichas condiciones, propone la donación de un edificio y de toda la infraestructura necesaria para que el estado tenga su propia emisora, liberándose de este modo para siempre de su obligación de ceder parte del espacio de programación. Así nace Radio Nacional, lejos de cualquier iniciativa del sector público y por impulso del sector privado.
En 1938 se encargó a una comisión especial el diagnóstico a nivel nacional del sistema de radiodifusión. Entre 1933 y 1946 se sancionaron normas técnicas y operativas, como así también de control de los contenidos políticos y sociológicos mediante la censura previa. Estas normas establecían que en las sociedades de medios la mayoría de los miembros debían ser argentinos y que éstas estaban impedidas de transferir sus licencias.
En el interior del país, el mercado era difuso. La industria cultural de la radio desplegó una estrategia de star system que consagró a las figuras estelares de Buenos Aires y forzó a la mayoría de las emisoras del interior a suscribir acuerdos de programación con esta región, anunciando lo que será luego el funcionamiento del sistema en cadenas. En Buenos Aires, tres emisoras se consolidaban en posición oligopólica: Radio el Mundo y Radio Belgrano (que conformaron las dos redes hacia el interior) y Radio Splendid. Fue la época en que se produjo un aumento significativo de los niveles de audiencia y comenzó a ganar protagonismo el radioteatro con Luis Sandrini, Niní Marshall y Los Pérez García, así como también los programas de fútbol y tango.
Como antecedente al surgimiento de la TV podemos mencionar el otorgamiento de una licencia para experimentación por parte del gobierno de Farrel a Martin Tow, proyecto del que se desistió un año después sin haber alcanzado resultados significativos.
En el período 1920- 1945 podemos distinguir dos momentos. El momento amateur de la década del 20, en el cual el Estado no tiene mayor injerencia y la actividad privada se constituye en la principal impulsora del medio, en el marco de un estado liberal gobernado por la UCR. Un segundo momento comienza en 1930: el medio se profesionaliza y el gobierno de facto se hace presente mediante normas detalladas, específicas y censoras.
Los primeros 25 años de la radio son claves para el sentamiento del sistema de financiamiento por publicidad, modo que luego será retomado por la televisión, y se define un modelo de producción y distribución de contenidos con cabecera en Buenos Aires, ambos factores que alejaron a la radiodifusión de una concepción de servicio público.
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Bibliografía:
Agusti, M. y Mastrini, G. (2006) Radio, economía y política entre 1920 y 1945. De los pioneros a las cadenas. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
En ese momento el único marco legal vigente era la Ley 750 y ½ de Telégrafos Nacionales, sancionada en 1875, y la Ley 9127 de Servicio Telegráfico, sancionada en 1923, que establecía el monopolio estatal de las comunicaciones por considerarlas relacionadas con la seguridad del país. Es decir que la radio, en sus comienzos, careció de una regulación específica. En 1920, los permisos de radiodifusión eran autorizados por el Gobierno Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Marina y el Ministerio del Interior.
Hacia 1923 coexistían en nuestro país cuatro radios y tres modos de financiamiento distintos: Radio Argentina, mantenida por sus dueños; Radio Sud América, financiada por los empresarios del sector de comercio de aparatos receptores; y Radio Cultura, que había obtenido un permiso municipal para intercalar publicidad. Este mapa habla de una indefinición inicial por el modelo de financiamiento del medio, cuya intervención y planificación por parte del Estado estaba reducida al mínimo, quedando librado a la iniciativa privada.
Recién en 1924 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dicta el primer decreto específico que menciona al broadcasting como difusor de manifestaciones culturales. Esta normativa dividía a las estaciones en dos clases según su potencia (A ó B) y establecía que las licencias debían ser otorgadas por el Ministerio del Interior o de Marina, que las mismas eran personales y caducaban cada 31 de diciembre.
En el mismo año, Jaime Yankelevich compra la licencia de Radio Belgrano y plantea un modelo de radiodifusión de sesgo populista, caracterizado por el show y el entretenimiento popular, cuya audiencia se tornó inmediatamente significativa. Así impulsó a la publicidad como el modo de financiamiento preponderante de la radio.
En 1925, el presidente Alvear amplió la regulación del ´24 para introducir menciones a la calidad de los contenidos. Para entonces, aparece el primer multimedio, Radio La Nación, cuya propiedad era cruzada con el medio gráfico.
En 1927, la esposa del presidente, Regina Pacini de Alvear, impulsa la creación de Radio Municipal, siendo ésta la primera radio estatal. Al año siguiente, un decreto presidencial traslada el control de la radiodifusión a Correos y Telégrafos, reconociendo al especificidad de esta modalidad de distribución de información.
Con el segundo gobierno de Yrigoyen aparece la primera reglamentación nacional específica, integral y exhaustiva sobre los servicios de radiodifusión, constituida por un Reglamento que establecía normas en relación a los contenidos, a la mensurabilidad de la propaganda y al sistema de licencias para el cual los propietarios debían abonar una cuota anual.
Entre 1930 y 1946 la radio define su futuro. Debió enfrentar la oposición de la prensa escrita, que intentaba impedir que el nuevo medio se financiara por publicidad, quitándole una parte sustancial de los ingresos. Los diarios de la época postulaban que la radiodifusión debía ser un “servicio público”.
En 1935 la Editorial Haynes funda Radio El Mundo. Entre las condiciones de adjudicación de la licencia, se solicitaba que dos horas de la programación debían ser cedidas al gobierno nacional. La editorial, renuente a aceptar dichas condiciones, propone la donación de un edificio y de toda la infraestructura necesaria para que el estado tenga su propia emisora, liberándose de este modo para siempre de su obligación de ceder parte del espacio de programación. Así nace Radio Nacional, lejos de cualquier iniciativa del sector público y por impulso del sector privado.
En 1938 se encargó a una comisión especial el diagnóstico a nivel nacional del sistema de radiodifusión. Entre 1933 y 1946 se sancionaron normas técnicas y operativas, como así también de control de los contenidos políticos y sociológicos mediante la censura previa. Estas normas establecían que en las sociedades de medios la mayoría de los miembros debían ser argentinos y que éstas estaban impedidas de transferir sus licencias.
En el interior del país, el mercado era difuso. La industria cultural de la radio desplegó una estrategia de star system que consagró a las figuras estelares de Buenos Aires y forzó a la mayoría de las emisoras del interior a suscribir acuerdos de programación con esta región, anunciando lo que será luego el funcionamiento del sistema en cadenas. En Buenos Aires, tres emisoras se consolidaban en posición oligopólica: Radio el Mundo y Radio Belgrano (que conformaron las dos redes hacia el interior) y Radio Splendid. Fue la época en que se produjo un aumento significativo de los niveles de audiencia y comenzó a ganar protagonismo el radioteatro con Luis Sandrini, Niní Marshall y Los Pérez García, así como también los programas de fútbol y tango.
Como antecedente al surgimiento de la TV podemos mencionar el otorgamiento de una licencia para experimentación por parte del gobierno de Farrel a Martin Tow, proyecto del que se desistió un año después sin haber alcanzado resultados significativos.
En el período 1920- 1945 podemos distinguir dos momentos. El momento amateur de la década del 20, en el cual el Estado no tiene mayor injerencia y la actividad privada se constituye en la principal impulsora del medio, en el marco de un estado liberal gobernado por la UCR. Un segundo momento comienza en 1930: el medio se profesionaliza y el gobierno de facto se hace presente mediante normas detalladas, específicas y censoras.
Los primeros 25 años de la radio son claves para el sentamiento del sistema de financiamiento por publicidad, modo que luego será retomado por la televisión, y se define un modelo de producción y distribución de contenidos con cabecera en Buenos Aires, ambos factores que alejaron a la radiodifusión de una concepción de servicio público.
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Bibliografía:
Agusti, M. y Mastrini, G. (2006) Radio, economía y política entre 1920 y 1945. De los pioneros a las cadenas. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
Políticas 2: Las PNC ayer y hoy
Latinoamérica se caracterizó durante los 70 por ser escenario de discusión acerca de la democratización de la comunicación y de la lucha por establecer políticas nacionales de comunicación (PNC). La novedad en este período es que se incorporan al debate conceptos tales como acceso y participación, servicio público y derecho a la comunicación.
En la actualidad, el diseño de las PNC gira en torno de tres problemas: la convergencia de los sectores audiovisual, informático y de telecomunicaciones; la concentración de la propiedad y la gobernanza de Internet en el marco del proyecto de la Sociedad de la Información (SI).
Durante el período neoliberal que marcó la década del 90, las PNC apuntaron a desmantelar el Estado de Bienestar mediante un proceso comúnmente llamado de “desregulación”, al que preferimos concebir como de “re- regulación”, en tanto que estuvo marcado por la revisión de la legislación entonces vigente con el fin de alcanzar una liberalización controlada del sistema de medios, con actores privados reteniendo el control del mismo. La re- regulación fue utilizada especialmente para eliminar restricciones a la concentración de la propiedad privada de los medios, paradójicamente idealizando a la prensa como recurso de ciudadanía. En esta etapa las PNC no fueron inexistentes. Contrariamente a lo que se piensa, éstas fueron contundentes y se materializaron en una fuerte concentración del capital –horizontal y vertical-, en una parcial desnacionalización de la propiedad y en la expansión inédita del mercado publicitario.
Con el estallido de la crisis del 2001 muchos de los multimedios entraron en situación de quiebra técnica motivada por el fuerte endeudamiento externo de las empresas, que habían emitido obligaciones negociables en dólares para profundizar las características oligopólicas del mercado. Al derrumbarse la convertibilidad, esas deudas en dólares se tornaron impagables. Al mismo tiempo y por presión de los organismos internacionales, el Congreso restituía el mecanismo de cram down, mediante el cual los acreedores extranjeros adquirían prioridad para adjudicarse las empresas insolventes.
A pedido de los grandes multimedios, el gobierno de Duhalde impulsó la sanción de la mal llamada “Ley de defensa de industrias culturales”. Asimismo, este gobierno disolvió el multimedio estatal creado por de la Rúa y despidió a los directores del COMFER que habían accedido a su cargo por concurso público. Durante su presidencia, Duhalde también firmó el Decreto 1214/03 que regularizó una situación que se venía dando de hecho, permitiendo a los gobiernos provinciales contar con una frecuencia de TV por aire y a los municipios obtener una FM.
A los pocos días de asumir Kirchner, el Congreso finalmente aprobó la modificación legislativa que impedía a los capitales extranjeros poseer más de un 30% de la propiedad de las industrias culturales. Esta Ley no aplicaba, sin embargo, a los medios que ya poseían esta conformación accionaria con anterioridad a la sanción de la Ley. La normativa impedía que los restantes grupos fueran absorbidos por sus acreedores externos.
En el año 2003, la Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad del artículo de la ley de radiodifusión que impedía a la economía social ser propietaria de medios, fallo que el Congreso Nacional demoró en reglamentar. Recién en 2005 se votó la corrección de dicha Ley en el senado.
Durante los comienzos de la presidencia de Kirchner, las PNC fueron ambivalentes. Por un lado, se posibilita el ingreso de organizaciones sin fines de lucro al sistema de medios; pero, por el otro, se suspende el cómputo de las licencias de radiodifusión vigentes por un período de 10 años, medida que otorgó una prórroga operativa a los multimedios vigentes y que a la vez demoró el ingreso de nuevos jugadores al mercado.
En los apartados que siguen realizaremos un recorrido por las PNC adoptadas por los diferentes gobiernos desde los orígenes de la radiodifusión en argentina hasta el año 2004.
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Bibliografía:
Mastrini, G., Becerra, M., Baranchuk, M. y Rossi, D. (2006) Introducción. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
En la actualidad, el diseño de las PNC gira en torno de tres problemas: la convergencia de los sectores audiovisual, informático y de telecomunicaciones; la concentración de la propiedad y la gobernanza de Internet en el marco del proyecto de la Sociedad de la Información (SI).
Durante el período neoliberal que marcó la década del 90, las PNC apuntaron a desmantelar el Estado de Bienestar mediante un proceso comúnmente llamado de “desregulación”, al que preferimos concebir como de “re- regulación”, en tanto que estuvo marcado por la revisión de la legislación entonces vigente con el fin de alcanzar una liberalización controlada del sistema de medios, con actores privados reteniendo el control del mismo. La re- regulación fue utilizada especialmente para eliminar restricciones a la concentración de la propiedad privada de los medios, paradójicamente idealizando a la prensa como recurso de ciudadanía. En esta etapa las PNC no fueron inexistentes. Contrariamente a lo que se piensa, éstas fueron contundentes y se materializaron en una fuerte concentración del capital –horizontal y vertical-, en una parcial desnacionalización de la propiedad y en la expansión inédita del mercado publicitario.
Con el estallido de la crisis del 2001 muchos de los multimedios entraron en situación de quiebra técnica motivada por el fuerte endeudamiento externo de las empresas, que habían emitido obligaciones negociables en dólares para profundizar las características oligopólicas del mercado. Al derrumbarse la convertibilidad, esas deudas en dólares se tornaron impagables. Al mismo tiempo y por presión de los organismos internacionales, el Congreso restituía el mecanismo de cram down, mediante el cual los acreedores extranjeros adquirían prioridad para adjudicarse las empresas insolventes.
A pedido de los grandes multimedios, el gobierno de Duhalde impulsó la sanción de la mal llamada “Ley de defensa de industrias culturales”. Asimismo, este gobierno disolvió el multimedio estatal creado por de la Rúa y despidió a los directores del COMFER que habían accedido a su cargo por concurso público. Durante su presidencia, Duhalde también firmó el Decreto 1214/03 que regularizó una situación que se venía dando de hecho, permitiendo a los gobiernos provinciales contar con una frecuencia de TV por aire y a los municipios obtener una FM.
A los pocos días de asumir Kirchner, el Congreso finalmente aprobó la modificación legislativa que impedía a los capitales extranjeros poseer más de un 30% de la propiedad de las industrias culturales. Esta Ley no aplicaba, sin embargo, a los medios que ya poseían esta conformación accionaria con anterioridad a la sanción de la Ley. La normativa impedía que los restantes grupos fueran absorbidos por sus acreedores externos.
En el año 2003, la Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad del artículo de la ley de radiodifusión que impedía a la economía social ser propietaria de medios, fallo que el Congreso Nacional demoró en reglamentar. Recién en 2005 se votó la corrección de dicha Ley en el senado.
Durante los comienzos de la presidencia de Kirchner, las PNC fueron ambivalentes. Por un lado, se posibilita el ingreso de organizaciones sin fines de lucro al sistema de medios; pero, por el otro, se suspende el cómputo de las licencias de radiodifusión vigentes por un período de 10 años, medida que otorgó una prórroga operativa a los multimedios vigentes y que a la vez demoró el ingreso de nuevos jugadores al mercado.
En los apartados que siguen realizaremos un recorrido por las PNC adoptadas por los diferentes gobiernos desde los orígenes de la radiodifusión en argentina hasta el año 2004.
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Bibliografía:
Mastrini, G., Becerra, M., Baranchuk, M. y Rossi, D. (2006) Introducción. En: “Mucho ruido, pocas leyes: economía y políticas de comunicación en la Argentina 1920- 2004. Mastrini, G. (Coord). La Crujía, Buenos Aires.
martes, 14 de diciembre de 2010
Políticas 1: La crisis del Estado de Bienestar y el surgimiento del neoliberalismo
Habitualmente se equipara al Estado de Bienestar con el Keynesianismo; sin embargo este último es sólo uno de los dos pilares que sostienen al modelo. El Keynesianismo constituye la fundamentación económica en la medida en que defiende la capacidad de los gobiernos para controlar la demanda, sin apartarse de la concepción liberal. La segunda fuente de legitimación teórica del Estado de Bienestar es el fundamento Beveridgiano, de carácter social, que postula la necesidad de que el Estado desarrolle los mecanismos de protección necesarios para que todos los ciudadanos puedan mantener un nivel de vida mínimo. La seguridad social, entendida de un modo amplio, es su principal preocupación.
Es importante destacar que tanto el fundamento Keynesiano como el Beveridgiano se entienden como complemento “armónico” de la lógica de mercado, sin la cual ésta no puede funcionar. Ambos presentan escaso grado de colectivismo teórico.
Además de estos dos pilares teóricos, en la década del 50 surgen teorías sociológicas que postulan relaciones positivas y armoniosas entre las distintas partes de la sociedad, comprendiendo al consenso de valores y creencias como el estado ideal y al conflicto social como un fenómeno disfuncional y transitorio. Para el funcionalismo de Parsons, las instituciones sociales se desarrollan de una forma natural a partir de una necesidad funcional. El cambio social es entendido desde esta concepción como una serie de etapas: una sociedad que se encuentra en estado de equilibrio pasa por un momento de tensión desestabilizadora en el cual surgen nuevas instituciones integradoras que la devuelven finalmente a su equilibrio inicial. En esta década también surgen construcciones teóricas como la Tesis de la Convergencia, que comprende al bienestar social como complemento necesario de la economía industrializada, y la Teoría de la Revolución Administrativa, que, al separar la propiedad de su sistema de control, postula una mayor libertad para los individuos. En ese momento histórico, ambas tesis se asociaronn con el “post- capitalismo” y contaron con el apoyo del socialismo, que entendía al Estado de Bienestar como una “residencia temporal”.
Hacia fines de los 70 asistimos al debilitamiento de los fundamentos que sustentaban al Estado de Bienestar y empezamos a vislumbrar un proceso que da origen a las tendencias neoliberales de los 80.
Contra las representaciones que conciben a neoliberalismo como un “dejar hacer”, como un movimiento ecléctico y distendido, Anderson (1992a) afirma que, por el contrario, “se trata de un cuerpo de doctrina coherente, autoconsistente, militante, lúcidamente decidido a transformar el mundo a su imagen, en su ambición estructural y a escala internacional” (Anderson, 1992a: 26), sólo que ha logrado un grado de éxito que encubre su condición ideológica generando la idea de que no existen alternativas para sus principios.
Para Mishra (1992), el liberalismo constituye “un movimiento neoconservador que traspasa con creces los confines de laisser- faire”. Su arraigo en el monetarismo y en el libre juego de las fuerzas del mercado nos hace pensar que hablar de una “contrarrevolución conservadora” no constituye ninguna exageración.
El neoliberalismo, en tanto fenómeno distinto del liberalismo clásico, nace con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en regiones de Europa y América del Norte en las que imperaba el capitalismo, como una reacción teórica y política contra el Estado de Bienestar y su modelo intervencionista.
En 1944 Hayek escribe Camino de servidumbre, texto fundacional de esta corriente y ataque manifiesto al laborismo inglés, partido que finalmente gana las elecciones generales de 1945. Dos años después, en pleno auge del Estado de Bienestar, Hayek convoca a reconocidas figuras que compartían su orientación ideológica –entre ellas, Karl Popper- a una reunión en Suiza, donde queda conformada una suerte de masonería neoliberal, conocida como la Sociedad de Mont Pelerin. Las preocupaciones comunes de este círculo de intelectuales eran la supuesta destrucción de la libertad de los ciudadanos, el aseguramiento de la vitalidad de la competencia y la convicción de que la desigualdad, en pos de lo anterior, constituía un valor positivo.
El conjunto de argumentos asociados con el pensamiento neoliberal defiende que para controlar la inflación es necesario reducir la oferta monetaria, que para estimular el crecimiento económico hay que desregular la economía, reducir el tamaño del sector público y el gasto social, y permitir actuar libremente a las fuerzas del mercado (“que no serían intrínsecamente justas ni injustas”), lo que equivale a asumir el desempleo como característica inevitable de las economías de mercado (Mishra, 1992: 82).
Como señala Anderson, el auge del capitalismo en los años 50 coincide con la consolidación del Estado de Bienestar. Pero con la llegada de la crisis del ’73, los economistas detectan que se produce un nuevo fenómeno, hasta entonces inédito, al que denominan “estanflación”, caracterizado por bajas tasas de crecimiento y altas tasas de inflación. Este era un fenómeno para el cual, según Mishra, el Keynesianismo no estaba preparado. Los neoliberales adjudicaron esta crisis a las presiones reivindicativas de los sindicatos que habían hecho aumentar los salarios y con ellos el gasto social. La solución que proponen consiste en quebrar el poder de los sindicatos, apelando a un ejército de reserva que se constituiría por una “tasa natural de desempleo”, y retomar el control del dinero para limitarlo en lo referido al gasto social. Esta contracción del gasto permitiría la reducción de impuestos sobre las rentas y ganancias, lo que redundaría en un aumento de la inversión. Es decir, el Estado debe intervenir para generar las condiciones que le permitan dejar de intervenir, re- regula para desregular y restituir el libre juego del mercado.
Por detrás de todo este arsenal de soluciones subyace el concepto de “ingeniería social”, entendido como la relación lineal de causa- efecto que se contrapone con un proceso dialéctico de desarrollo y cambio, como una crítica al modo de hacer política en democracia. Lo anterior implica para MIshra un exceso de confianza en la utilización de técnicas “neutrales” y “profesionales” para la resolución de problemas sociales. (Mishra, 1992: 102- 103).
Tal fue la estrategia de la ofensiva neoliberal que, con mayores o menores matices, se adoptó en países tales como Inglaterra (1979, Thatcher), en los Estados Unidos (1980, Reagan), en Alemania (1982, Kohl) y en Dinamarca (1983, Schluter). Para fines de los 70, casi todos los estados de Europa Occidental, con excepción de Suiza y Austria, viraron hacia la derecha. En 1978, la invasión soviética en Afganistán imprimió además al neoliberalismo, como apunta Anderson, “del anticomunismo más intransigente de todas las corrientes capitalistas de la posguerra”.
Por la misma época, en el sur de Europa surgen intentos por conformar un proyecto socialdemócrata, con experiencias como la de Miterrand (Francia), González (España) y Craxi (Italia). Todos ellos, viniendo de un socialismo autoproclamado, terminan conformando alternativas progresistas cuyas políticas también se empiezan a ver influenciadas por la ortodoxia neoliberal, constituyéndose en “variantes mansas” de ésta. Lo propio de estos estados, según Anderson, es que, mientras los países del norte experimentaban el “fracaso” de la socialdemocracia, los países del sur deciden implementarla, marcados por la experiencia de gobiernos más conservadores y autoritarios (De Gaulle, Franco, Fanfani). Lo que demuestran las experiencias del norte tanto como las del sur de Europa, es la impresionante hegemonía ideológica que por esos tiempos había alcanzado el neoliberalismo en la región.
Anderson afirma que los resultados del período neoliberal de los ´80 fueron paradojales: por un lado, el proyecto logró su propósito de contener los salarios pero se mostró sumamente decepcionante para restaurar tasas de crecimiento estables que permitieran la reanimación del capitalismo avanzado mundial. Es decir, el control del gasto social no condujo a una recuperación de la inversión. Las razones para ello, según Anderson, residen en que la desregulación financiera –elemento de suma importancia en el programa neoliberal- no generó inversión productiva, sino que funcionó como caldo de cultivo para la inversión especulativa. También en el objetivo de reducción de la estructura burocrática del Estado fracasó el neoliberalismo. El Estado de Bienestar no desapareció, paradójicamente habían sido el desempleo y el envejecimiento demográfico de la población los que hicieron mantener el gasto social.
Para Mishra, una de las trampas de la concepción neoliberal consiste en ignorar que un sector público grande puede no constituir una aberración, sino una necesidad para articular intereses en un mundo de grandes corporaciones y grandes sindicatos (Mishra, 1992: 97). Además, “se ignora completamente el hecho de que la actividad gubernamental no es del mismo tipo que la desarrollada por un empresario en la búsqueda de beneficio”. La acción estatal involucra otra racionalidad que no es meramente instrumental, sino que consiste en ser vehículo de determinados valores; por lo tanto, los “fallos” atribuidos al Estado de Bienestar por parte del neoliberalismo pueden en este sentido constituirse en prueba de su éxito más que de su fracaso (Mishra, 1992: 99- 100). Según este autor, el neoliberalismo es profundamente ahistórico en la medida en que ignora que los cambios que instituye requieren de una gran cantidad de violencia y coerción, no reconoce las consecuencias sociales disruptivas derivadas del nuevo orden económico; es decir, el neoliberalismo concibe al orden del mercado en un sentido “ideal”, abstrayéndolo de su condición histórica (Mishra, 1992: 107).
En la década del 90, los niveles de endeudamiento tanto público como privado, se tornaron alarmantes. En este contexto, lo esperable hubiera sido, tal vez, una fuerte reacción contra el neoliberalismo. En su lugar, esta corriente adquirió un nuevo impulso revitalizador, que Anderson atribuye a la caída del comunismo en Europa Oriental y en la URSS, la cual se habría producido en el momento exacto en que los límites del neoliberalismo se tornaban cada vez más evidentes.
En Europa del Este, derribado el comunismo, sobrevino una avanzada de extremismo neoliberal que desencadenó reacciones populares en Polonia, Hungría y Lituania, países en los cuales gobiernos ex comunistas terminaron aplicando políticas que no distaban demasiado de las de sus adversarios: privatizaciones y desmantelamiento de los servicios públicos, crecimiento del capital especulativo y polarización social.
En América Latina, Anderson llama nuestra atención sobre la experiencia chilena que, bajo la dictadura de Pinochet, constituyó un primen ensayo neoliberal casi una década antes del Thatcherismo. Más tarde, en Bolivia (Paz Estensoro, 1985), México (Salinas, 1988), Argentina (Menem, 1989) y Perú (Fujimori, 1990) surgen gobierno democráticos que ejecutan exactamente lo opuesto a lo que habían prometido durante sus campañas electorales. ¿Cómo lograron mantenerse en el poder? Anderson supone que “existe un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales: la hiperinflación” (Anderson, 1992a: 25).
Desde la concepción de Mishra, lo recuperable de la nueva derecha es su capacidad de exponer críticas globales al Estado de Bienestar. Dichas críticas plantean problemas largamente ignorados como producto de la autocomplacencia derivada del éxito experimentado por la economía mixta, principalmente durante la década de oro en 1950.
Por el momento, toda evaluación sobre el neoliberalismo debe reconocerse como realizada sobre un movimiento inconcluso. Hasta los primeros años de la década del 90, Anderson reconoce su éxito social y su fracaso económico: ha fallado en conseguir la revitalización básica del capitalismo avanzado y en producir sociedades totalmente desestatizadas; pero, sin embargo, ha logrado generar sociedades más desiguales. La gran crítica para la izquierda política estaría dada por asumir la lección de Marx: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. El “neosocialismo” equivaldría a no aceptar como inmutable ninguna institución que se dé cómo establecida. Esta transición al post- liberalismo implicaría, primero, afrontar el miedo a estar contra la corriente hegemónica de nuestro tiempo; segundo, no negociar ninguna dilución de los principios de igualdad como auténtica diversidad y como equiparación de las posibilidades reales de cada ciudadano de vivir una vida plena, sin carencias o desventajas fundadas en los privilegios de otros; tercero, concebir nuevas formas de propiedad colectiva; cuarto, combatir las fallas del sistema democrático con más democracia, más financiamiento público equitativo y menos cesarismos, para lo cual es indispensable democratizar también los medios de comunicación, cuyo monopolio es incompatible con cualquier justicia electoral o soberanía democrática real.
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Bibliografía:
• Mishra, R. (1992) El Estado de bienestar en crisis. En: Colección Ediciones de la Revista del Trabajo N° 33, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
• Anderson, P. (1992a) Neoliberalismo: un balance provisorio en La trama del neoliberalismo. En: “Mercado, crisis y exclusión social”, Sader, E. y Gentilli, P. (comps.), CLACSO-EUDEBA, Buenos Aires, 1999..
• Anderson, P. (1992b) Más allá del neoliberalismo: Lecciones para la izquierda en La trama del neoliberalismo. En: “Mercado, crisis y exclusión social”, Sader, E. y Gentilli, P. (comps.), CLACSO-EUDEBA, Buenos Aires, 1999, pp 143-147.
Es importante destacar que tanto el fundamento Keynesiano como el Beveridgiano se entienden como complemento “armónico” de la lógica de mercado, sin la cual ésta no puede funcionar. Ambos presentan escaso grado de colectivismo teórico.
Además de estos dos pilares teóricos, en la década del 50 surgen teorías sociológicas que postulan relaciones positivas y armoniosas entre las distintas partes de la sociedad, comprendiendo al consenso de valores y creencias como el estado ideal y al conflicto social como un fenómeno disfuncional y transitorio. Para el funcionalismo de Parsons, las instituciones sociales se desarrollan de una forma natural a partir de una necesidad funcional. El cambio social es entendido desde esta concepción como una serie de etapas: una sociedad que se encuentra en estado de equilibrio pasa por un momento de tensión desestabilizadora en el cual surgen nuevas instituciones integradoras que la devuelven finalmente a su equilibrio inicial. En esta década también surgen construcciones teóricas como la Tesis de la Convergencia, que comprende al bienestar social como complemento necesario de la economía industrializada, y la Teoría de la Revolución Administrativa, que, al separar la propiedad de su sistema de control, postula una mayor libertad para los individuos. En ese momento histórico, ambas tesis se asociaronn con el “post- capitalismo” y contaron con el apoyo del socialismo, que entendía al Estado de Bienestar como una “residencia temporal”.
Hacia fines de los 70 asistimos al debilitamiento de los fundamentos que sustentaban al Estado de Bienestar y empezamos a vislumbrar un proceso que da origen a las tendencias neoliberales de los 80.
Contra las representaciones que conciben a neoliberalismo como un “dejar hacer”, como un movimiento ecléctico y distendido, Anderson (1992a) afirma que, por el contrario, “se trata de un cuerpo de doctrina coherente, autoconsistente, militante, lúcidamente decidido a transformar el mundo a su imagen, en su ambición estructural y a escala internacional” (Anderson, 1992a: 26), sólo que ha logrado un grado de éxito que encubre su condición ideológica generando la idea de que no existen alternativas para sus principios.
Para Mishra (1992), el liberalismo constituye “un movimiento neoconservador que traspasa con creces los confines de laisser- faire”. Su arraigo en el monetarismo y en el libre juego de las fuerzas del mercado nos hace pensar que hablar de una “contrarrevolución conservadora” no constituye ninguna exageración.
El neoliberalismo, en tanto fenómeno distinto del liberalismo clásico, nace con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en regiones de Europa y América del Norte en las que imperaba el capitalismo, como una reacción teórica y política contra el Estado de Bienestar y su modelo intervencionista.
En 1944 Hayek escribe Camino de servidumbre, texto fundacional de esta corriente y ataque manifiesto al laborismo inglés, partido que finalmente gana las elecciones generales de 1945. Dos años después, en pleno auge del Estado de Bienestar, Hayek convoca a reconocidas figuras que compartían su orientación ideológica –entre ellas, Karl Popper- a una reunión en Suiza, donde queda conformada una suerte de masonería neoliberal, conocida como la Sociedad de Mont Pelerin. Las preocupaciones comunes de este círculo de intelectuales eran la supuesta destrucción de la libertad de los ciudadanos, el aseguramiento de la vitalidad de la competencia y la convicción de que la desigualdad, en pos de lo anterior, constituía un valor positivo.
El conjunto de argumentos asociados con el pensamiento neoliberal defiende que para controlar la inflación es necesario reducir la oferta monetaria, que para estimular el crecimiento económico hay que desregular la economía, reducir el tamaño del sector público y el gasto social, y permitir actuar libremente a las fuerzas del mercado (“que no serían intrínsecamente justas ni injustas”), lo que equivale a asumir el desempleo como característica inevitable de las economías de mercado (Mishra, 1992: 82).
Como señala Anderson, el auge del capitalismo en los años 50 coincide con la consolidación del Estado de Bienestar. Pero con la llegada de la crisis del ’73, los economistas detectan que se produce un nuevo fenómeno, hasta entonces inédito, al que denominan “estanflación”, caracterizado por bajas tasas de crecimiento y altas tasas de inflación. Este era un fenómeno para el cual, según Mishra, el Keynesianismo no estaba preparado. Los neoliberales adjudicaron esta crisis a las presiones reivindicativas de los sindicatos que habían hecho aumentar los salarios y con ellos el gasto social. La solución que proponen consiste en quebrar el poder de los sindicatos, apelando a un ejército de reserva que se constituiría por una “tasa natural de desempleo”, y retomar el control del dinero para limitarlo en lo referido al gasto social. Esta contracción del gasto permitiría la reducción de impuestos sobre las rentas y ganancias, lo que redundaría en un aumento de la inversión. Es decir, el Estado debe intervenir para generar las condiciones que le permitan dejar de intervenir, re- regula para desregular y restituir el libre juego del mercado.
Por detrás de todo este arsenal de soluciones subyace el concepto de “ingeniería social”, entendido como la relación lineal de causa- efecto que se contrapone con un proceso dialéctico de desarrollo y cambio, como una crítica al modo de hacer política en democracia. Lo anterior implica para MIshra un exceso de confianza en la utilización de técnicas “neutrales” y “profesionales” para la resolución de problemas sociales. (Mishra, 1992: 102- 103).
Tal fue la estrategia de la ofensiva neoliberal que, con mayores o menores matices, se adoptó en países tales como Inglaterra (1979, Thatcher), en los Estados Unidos (1980, Reagan), en Alemania (1982, Kohl) y en Dinamarca (1983, Schluter). Para fines de los 70, casi todos los estados de Europa Occidental, con excepción de Suiza y Austria, viraron hacia la derecha. En 1978, la invasión soviética en Afganistán imprimió además al neoliberalismo, como apunta Anderson, “del anticomunismo más intransigente de todas las corrientes capitalistas de la posguerra”.
Por la misma época, en el sur de Europa surgen intentos por conformar un proyecto socialdemócrata, con experiencias como la de Miterrand (Francia), González (España) y Craxi (Italia). Todos ellos, viniendo de un socialismo autoproclamado, terminan conformando alternativas progresistas cuyas políticas también se empiezan a ver influenciadas por la ortodoxia neoliberal, constituyéndose en “variantes mansas” de ésta. Lo propio de estos estados, según Anderson, es que, mientras los países del norte experimentaban el “fracaso” de la socialdemocracia, los países del sur deciden implementarla, marcados por la experiencia de gobiernos más conservadores y autoritarios (De Gaulle, Franco, Fanfani). Lo que demuestran las experiencias del norte tanto como las del sur de Europa, es la impresionante hegemonía ideológica que por esos tiempos había alcanzado el neoliberalismo en la región.
Anderson afirma que los resultados del período neoliberal de los ´80 fueron paradojales: por un lado, el proyecto logró su propósito de contener los salarios pero se mostró sumamente decepcionante para restaurar tasas de crecimiento estables que permitieran la reanimación del capitalismo avanzado mundial. Es decir, el control del gasto social no condujo a una recuperación de la inversión. Las razones para ello, según Anderson, residen en que la desregulación financiera –elemento de suma importancia en el programa neoliberal- no generó inversión productiva, sino que funcionó como caldo de cultivo para la inversión especulativa. También en el objetivo de reducción de la estructura burocrática del Estado fracasó el neoliberalismo. El Estado de Bienestar no desapareció, paradójicamente habían sido el desempleo y el envejecimiento demográfico de la población los que hicieron mantener el gasto social.
Para Mishra, una de las trampas de la concepción neoliberal consiste en ignorar que un sector público grande puede no constituir una aberración, sino una necesidad para articular intereses en un mundo de grandes corporaciones y grandes sindicatos (Mishra, 1992: 97). Además, “se ignora completamente el hecho de que la actividad gubernamental no es del mismo tipo que la desarrollada por un empresario en la búsqueda de beneficio”. La acción estatal involucra otra racionalidad que no es meramente instrumental, sino que consiste en ser vehículo de determinados valores; por lo tanto, los “fallos” atribuidos al Estado de Bienestar por parte del neoliberalismo pueden en este sentido constituirse en prueba de su éxito más que de su fracaso (Mishra, 1992: 99- 100). Según este autor, el neoliberalismo es profundamente ahistórico en la medida en que ignora que los cambios que instituye requieren de una gran cantidad de violencia y coerción, no reconoce las consecuencias sociales disruptivas derivadas del nuevo orden económico; es decir, el neoliberalismo concibe al orden del mercado en un sentido “ideal”, abstrayéndolo de su condición histórica (Mishra, 1992: 107).
En la década del 90, los niveles de endeudamiento tanto público como privado, se tornaron alarmantes. En este contexto, lo esperable hubiera sido, tal vez, una fuerte reacción contra el neoliberalismo. En su lugar, esta corriente adquirió un nuevo impulso revitalizador, que Anderson atribuye a la caída del comunismo en Europa Oriental y en la URSS, la cual se habría producido en el momento exacto en que los límites del neoliberalismo se tornaban cada vez más evidentes.
En Europa del Este, derribado el comunismo, sobrevino una avanzada de extremismo neoliberal que desencadenó reacciones populares en Polonia, Hungría y Lituania, países en los cuales gobiernos ex comunistas terminaron aplicando políticas que no distaban demasiado de las de sus adversarios: privatizaciones y desmantelamiento de los servicios públicos, crecimiento del capital especulativo y polarización social.
En América Latina, Anderson llama nuestra atención sobre la experiencia chilena que, bajo la dictadura de Pinochet, constituyó un primen ensayo neoliberal casi una década antes del Thatcherismo. Más tarde, en Bolivia (Paz Estensoro, 1985), México (Salinas, 1988), Argentina (Menem, 1989) y Perú (Fujimori, 1990) surgen gobierno democráticos que ejecutan exactamente lo opuesto a lo que habían prometido durante sus campañas electorales. ¿Cómo lograron mantenerse en el poder? Anderson supone que “existe un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales: la hiperinflación” (Anderson, 1992a: 25).
Desde la concepción de Mishra, lo recuperable de la nueva derecha es su capacidad de exponer críticas globales al Estado de Bienestar. Dichas críticas plantean problemas largamente ignorados como producto de la autocomplacencia derivada del éxito experimentado por la economía mixta, principalmente durante la década de oro en 1950.
Por el momento, toda evaluación sobre el neoliberalismo debe reconocerse como realizada sobre un movimiento inconcluso. Hasta los primeros años de la década del 90, Anderson reconoce su éxito social y su fracaso económico: ha fallado en conseguir la revitalización básica del capitalismo avanzado y en producir sociedades totalmente desestatizadas; pero, sin embargo, ha logrado generar sociedades más desiguales. La gran crítica para la izquierda política estaría dada por asumir la lección de Marx: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. El “neosocialismo” equivaldría a no aceptar como inmutable ninguna institución que se dé cómo establecida. Esta transición al post- liberalismo implicaría, primero, afrontar el miedo a estar contra la corriente hegemónica de nuestro tiempo; segundo, no negociar ninguna dilución de los principios de igualdad como auténtica diversidad y como equiparación de las posibilidades reales de cada ciudadano de vivir una vida plena, sin carencias o desventajas fundadas en los privilegios de otros; tercero, concebir nuevas formas de propiedad colectiva; cuarto, combatir las fallas del sistema democrático con más democracia, más financiamiento público equitativo y menos cesarismos, para lo cual es indispensable democratizar también los medios de comunicación, cuyo monopolio es incompatible con cualquier justicia electoral o soberanía democrática real.
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Bibliografía:
• Mishra, R. (1992) El Estado de bienestar en crisis. En: Colección Ediciones de la Revista del Trabajo N° 33, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
• Anderson, P. (1992a) Neoliberalismo: un balance provisorio en La trama del neoliberalismo. En: “Mercado, crisis y exclusión social”, Sader, E. y Gentilli, P. (comps.), CLACSO-EUDEBA, Buenos Aires, 1999..
• Anderson, P. (1992b) Más allá del neoliberalismo: Lecciones para la izquierda en La trama del neoliberalismo. En: “Mercado, crisis y exclusión social”, Sader, E. y Gentilli, P. (comps.), CLACSO-EUDEBA, Buenos Aires, 1999, pp 143-147.
sábado, 11 de diciembre de 2010
Aún estamos con vida
Poesía: aún estamos con vida
& tú me prendes con tus fósforos
mi cigarro barato
& me miras como a un simple cabello despeinado
temblando de frío en el peine de la noche
Aún estamos con vida
& tú me prendes con tus fósforos
mi cigarro barato
& me miras como a un simple cabello despeinado
temblando de frío en el peine de la noche
Aún estamos con vida
(esto no es mío, me encantaría poder citar al autor, pero no aparece en la revista de donde lo saqué...)
jueves, 9 de diciembre de 2010
Representaciones sociales en torno del oficio de enseñar
Nos proponemos reflexionar desde una perspectiva sociológica acerca de la problemática actual del oficio de enseñar en la escuela media. Para ello, consideraremos los cambios que han tenido lugar en los procesos de individualización se los sectores juveniles y en las condiciones de la relación docente- alumno. Nos concentraremos en los posibles impactos que las transformaciones mencionadas pudieran tener en el espacio escolar valiéndonos de las hipótesis de diferentes autores.
Como punto de partida, seleccionamos dos textos: una nota periodística publicada el 21 de Noviembre en el diario La Nación, titulada “Llega Diciembre y la pesadilla de los exámenes” [el subrayado es nuestro], y un cuento escrito por un profesor de Historia, “Compensatorios”, cuyo contexto narrativo es el de una escuela secundaria de gestión privada. Sobre ambos, intentaremos esbozar algunas hipótesis comunes acerca las vivencias que conducen a docentes y alumnos a reforzar determinadas representaciones que se relacionan con la construcción de sus propias subjetividades y con las subjetividades del otro.
Tenti (2007) afirma que existe una distancia entre las representaciones que los docentes tienen sobre su propia función y la acción que se desarrolla en la práctica cotidiana del oficio. Pero también existe otro desfasaje: la cantidad de funciones que la sociedad atribuye en nuestros tiempos a la escuela excede la cantidad y calidad de los recursos que se le asignan. Tenti observa que es esta doble distancia entre las representaciones y la realidad material del oficio la que produce un sentimiento de malestar en el docente y desencanto en la sociedad.
Respecto de la figura del docente, la masificación de la enseñanza plantea como desafío la necesidad de que éste se involucre a nivel personal, más allá de su actividad profesional, con el fin de poder hacer frente a los nuevos problemas que se suscitan. El docente debe ahora contener y no sólo retener a los alumnos dentro del sistema escolar, de modo tal que puedan ser socializados para competir en un mercado laboral cada vez más especializado y restringido.
Sennet (2006) interpreta a este fenómeno como característico del pasaje de una sociedad burocratizada (en la que la que una fuerte estructura jerárquica operaba en conjunto con normas que definían las responsabilidades con precisión) hacia una sociedad en la que comienza a reinar lo que en términos de Deleuze sería un “alma”, una especie de elemento motivador que induce a los individuos a implicarse con la organización y a reapropiarse de una parte del sentido de su trabajo. Esta pérdida de referencias institucionales y normativas es tal vez la causa de que los docentes tiendan a verse desbordados para afrontar fenómenos como la violencia escolar y la falta de interés de los alumnos.
Desde la perspectiva de Tiramonti (2006) y Tenti (2007), se mencionan dos transformaciones principales que tienen grandes efectos en la constitución de identidades subjetivas de los docentes y alumnos:
- Un cambio en la relación de poder que tiende a horizontalizar los vínculos inter- generacionales. Los adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos específicos, los acuerdos se generan mediante el diálogo y la negociación. Esta nueva concepción produce un trastocamiento de los dispositivos tradicionales de autoridad y evaluación:
“Mientras ordena las evaluaciones en tema uno y tema dos, recuerda que ninguno de los alumnos manifestó tensión en el momento en que repartía los respectivos cuestionarios.” (Egitto, 2010)
“Brian López, de 17 años, entregó la hoja en blanco y preguntó cuándo se recupera.” (Egitto, 2010) - Un cambio en la división del trabajo de socialización de los jóvenes entre la familia y la escuela. Tradicionalmente, la familia se reservaba la función de contención afectiva, de alimentación y de transmisión de normas de comportamiento; mientras que a la escuela se le atribuía la función de educación formal. Actualmente, debido a las transformaciones que tuvieron lugar en el plano laboral y en las estructuras de los lazos que articulan a sus miembros (emancipación femenina, familias ensambladas, crisis del modelo nuclear y patriarcal) las familias son acusadas por los docentes de “depositar y abandonar” a los jóvenes en las escuelas y “aparecer” cuando es necesario para cuestionar la autoridad del docente, actitud que se percibe como avalada por el conjunto del sistema:
“La madre de la alumna, propietaria del complejo de paddle más importante de la zona, exigió una entrevista con la inspectora zonal y lo acusó de discriminar a su hija. Según la perspectiva de la señora Maldonado, Altamirano había agredido psicológica y moralmente a su hija cuando le comunicó delante de todo el curso que tenía un uno por no saber la lección oral del día (…)
“Cuando fue citado por la inspectora en un despacho del Consejo Escolar, Altamirano percibió que la funcionaria atendía con dedicación y esmero a numerosos padres que se acercaban a dicha oficina pública exigiendo explicaciones sobre la desaprobación de sus hijos, agraviando con juicios apresurados a las instituciones educativas y a sus docentes. Ese día comprendió con amargura que la intervención de los padres en el proceso pedagógico estaba avalada por las instancias superiores.” (Egitto, 2010)
“El caso Maldonado repercutió bastante en el Colegio. Altamirano ha comprendido que la entrada de la madre a la escuela produce una tensión que no se descomprime hasta que las autoridades perciben que ha venido sólo a abonar la cuota.” (Egitto, 2010)
Asimismo, la combinación de estas dos transformaciones propició una visión negativa de los docentes sobre la vigencia de valores “clásicos” en la juventud. Al pretender encontrar en ellos exactamente los mismos valores con los que las generaciones anteriores se han socializado, sólo localizan una falta, una carencia, y no la presencia de nuevos valores (Tenti, 2007). Duschatzky y Corea atribuyen este tipo de representaciones negativas (“vago”, “vicioso”, “inculto”) a la insistencia por parte de los docentes en la aplicación de categorías propias de los sistemas moralizantes de la educación pastoral, como es la expectativa de autolimitación del propio comportamiento. La hipótesis de estas dos autoras se basa en un principio de destitución simbólica de las instituciones tradicionales: “la violencia se presenta como un modo de relación que aparece en condiciones de impotencia instituyente de la escuela y la familia, es decir, en una época en que parecen haber perdido potencia enunciativa los discursos de autoridad” (2002: 23).
Para Duschatzky y Corea (2002), la violencia es siempre percibida como disfuncional por un observador externo y no por sus agentes; es el docente quien encuentra en este “fuera de lugar” la negación de su representación habitual de la condición de alumno, en un contexto en el que rige un ideal de respeto y obediencia:
“(Altamirano) cuestionó la permanencia en la escuela del alumno Jonathan Moreno quien insultó a los gritos a la colega de Lengua y Literatura en el último examen.” (Egitto, 2010)
Se llega a ver en este tipo de conflictos una falta de orden moral, más que la expresión de una crisis social que pone en evidencia los defectos del sistema educativo (Tenti, 2007). Este nuevo desfasaje en la percepción hace que el sistema tienda a “tercerizar” la función de contención en otro tipo de profesionales especializados, como psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales:
“Por otra parte, el personal directivo de la escuela realiza un seguimiento especial del desempeño de la alumna y el cuerpo de psicopedagogos de la institución ha implementado una serie de actividades especiales con el objetivo primordial de alcanzar la contención social de la alumna. Así pues, los psicopedagogos han determinado que la alumna Maldonado "no puede concentrar la atención" porque en el pasado mes de abril se le murió su perra Lola.” (Egitto, 2010)
En torno del alumno, el pasaje de una escuela burocratizada a una escuela que funciona como un entorno microsocial de control involucra la posibilidad, ya no de exponerse a evaluaciones reglamentarias individuales, sino de trabajar en equipo y en base a proyectos en un entorno de permanente evaluación. Respecto de los docentes, esto implica la necesidad de incorporarse a proyectos en función de sus competencias, de ser remunerados no en función de procesos sino de resultados cuantificables mediante herramientas técnico- instrumentales; es decir, se traduce en una fuerte flexibilización e inestabilidad que es experimentada en sus actividades laborales. Tanto docentes como alumnos deben hacer uso de otras competencias que exceden la mera aplicación de técnicas, en las que deben comprometer su individualidad. La autonomía, el capital emocional y la creatividad, por ejemplo, se convierten en cualidades productivas. El éxito o el fracaso tienden a verse como producto de la personalidad. En este contexto, se ponen en crisis las viejas identidades, se crean las condiciones para una fuerte competencia y para la desconfianza entre los pares, al mismo tiempo que el prestigio social tiende a disminuir por la devaluación de sus antiguos saberes. Así, el desacople entre la realidad material y las representaciones subjetivas se ve potenciado.
La cuestión de la profesionalización del oficio docente es un eje de tensión. Por un lado, introduce una ficción: no se concibe al cuidado y a la asistencia como práctica de profesionales (o se enseña o se asiste, y generalmente esto último se percibe como una tarea de menor envergadura). Para Antelo, la ficción radica en que el docente no está obligado a “elegir” entre el oficio de enseñar y el amor al alumno (2009). Por otro lado, se manifiestan conflictos entre los “viejos” docentes y los “maestros reciclados”, es decir, profesionales que recalan en el oficio en épocas de crisis. Son los primeros quienes generalmente adoptan una posición más crítica respecto de las condiciones laborales y se sienten desplazados por lo que consideran es un menosprecio de sus experiencias (Sennet, 2006: 86- 87):
“Así pues, este grupo de "Doctores", por sugerencia del gremio y con el objetivo de conseguir un certificado que les permitiera reciclarse en profesores de Historia, concurre a la capacitación que ofrece un instituto privado de la zona. Ávidos de horas, aparecen unos instantes antes de que se inicie el acto público y en muchos casos cuando comprenden que no podrán apropiarse de ninguna, impugnan el concurso alegando supuestas irregularidades. (…)El detonante crucial que provocó la decisión de Altamirano de retirarse del ámbito estatal aconteció cuando la Directora le comunicó que iba a ser reemplazado por una docente que aún no se había graduado. Aunque Altamirano reclamó la devolución de sus horas en el sindicato y en el Consejo Escolar, nada pudo hacer. Según le explicó el Consejero escolar -un exalumno mediocre que abandonó los estudios para dedicarse a la política-, el desplazamiento era la consecuencia del MAD (movimiento anual docente) ya que dicha profesora había solicitado acrecentamiento.” (Egitto, 2010)
Tiramonti (2006) repone una definición de individualidad que es tomada del sociólogo Norbert Elías (1990) y que permite superar el concepto clásico de “subjetivación” como internacionalización de valores sociales: la sociedad da forma a la individualidad de sus miembros y éstos participan en su propia construcción subjetiva por medio de sus acciones vitales, en una relación en la que ponen en juego estrategias. Lo anterior supone un vínculo que ya no es unidireccional, sino recíproco, una negociación que redefine constantemente los lazos entre individuo y sociedad (Tiramonti, 2006: 368). El pasaje de una sociedad fuertemente burocratizada que anclaba en las instituciones modernas hacia un tipo de sociedad des-institucionalizada, en la que son fundamentales las experiencias y trayectorias individuales, generaría un sentimiento de desarraigo provocado por la pérdida de referencias tradicionales en base a las cuales se construían las subjetividades. Para la autora, hoy se ven estrategias que funcionan en base a una ética de consumo allí donde solía haber una ética del trabajo que definía a la dignidad individual, principalmente en los sectores medios. Dentro de este sector social, el esfuerzo no está puesto en la disciplina, ya que las autoridad es definida como una presencia amigable, sino en la homologación del hábitus familiar y escolar que les permita perpetuar sus privilegios (Tiramonti, 2006: 373- 378). La sociedad construye a estos jóvenes como “hacedores del futuro” pero pone en duda su “vocación para el sacrificio” y los acusan de “dejarse estar”:
“…deben aprender en pocos días lo que no pudieron -o no quisieron- durante todo el año escolar para aprobar las materias que se llevan.” (La Nación, 21/11/2010)
“…les cuesta desarrollar la concentración y tener autonomía para estudiar…” (La Nación, 21/11/2010)
"Lo que noto es que son vagos, esperan que se les de todo servido.” (La Nación, 21/11/2010)
“Además, estudiar es un esfuerzo y el esfuerzo es un trabajo que necesita un método. Y estas cuestiones se descuidaron un poco en la familia.” (La Nación, 21/11/2010)
Lo curioso es cómo muchas veces estas representaciones que se construyen desde la sociedad calan fuertemente en la propia construcción de las subjetividades de los alumnos:
"Siempre me llevé materias... me cuesta mucho concentrarme, sentarme sola a estudiar y organizarme…" (La Nación, 21/11/2010)
"Tenía bajas muchas notas en el primer trimestre, comencé a tomar clases y pude remontar. Me llevé inglés a diciembre, pero si no hubiera recibido ayuda me hubiera llevado muchas más.” (La Nación, 21/11/2010)
Lo característico del nuevo modelo es que los induce a tomar riesgos para la autorrealización allí donde antes primaba una cultura de la seguridad (Giddens, 2000). Sennet señala que, para los jóvenes que viven en este nuevo paradigma, el principio de autodisciplina ya no tiene sentido, porque han desaparecido las condiciones institucionales que garantizaban la estabilidad suficiente como para apostar a una gratificación diferida (Sennet, 2006: 70).
Con frecuencia, los bajos rendimientos disciplinares y la dispersión en la atención se explican por la aparición de nuevos códigos cognitivos introducidos por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación:
“Una de las explicaciones que los docentes ofrecen sobre la falta de concentración de los estudiantes en el aula es que la escuela les pide a los chicos que presten atención a un solo tema y a una sola persona durante dos horas, por ejemplo, cuando ellos están acostumbrados a prestar atención a varias cosas a la vez y por un tiempo menor, como cuando miran televisión, navegan por Internet y hablan por teléfono al mismo tiempo. Lo cual genera un desfase.” (La Nación, 21/11/2010)
Consecuentemente, a nivel institucional se proponen estrategias pedagógicas que inducen a los docentes a enseñar “contra demanda” y a autogestionar los medios necesarios para superar los problemas de aprendizaje y la exclusión:
“Cuando culmina con el último examen, separa los tres aprobados que lograron superar esta nueva instancia. A los restantes alumnos, les deberá volver a explicar el tema, procurando según la óptica de la coordinadora del nivel -una joven arquitecta reciclada ahora en docente de matemática- "encontrar las estrategias motivadoras que les permitan a estos alumnos acreditar las competencias del área de Ciencias Sociales para poder insertarse en el mercado laboral." (Egitto, 2010)
“En tanto, el Ministerio de Educación nacional, como parte del plan de mejora del secundario, desde el segundo semestre de este año financia la mitad de las escuelas públicas del país, para que los docentes tengan horas extras de clase, con el objeto de ejecutar estrategias pedagógicas que permitan resolver los problemas relacionados con la aprobación de materias.” (La Nación, 21/11/2010)
Así, desarraigadas las referencias institucionales, trastocados los esquemas tradicionales de poder y flexibilizadas las condiciones laborales, el oficio de enseñar es percibido como una “pesadilla”.
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Textos referenciados:
Casanovas, L. (2010) "Llega diciembre y la pesadilla de los exámenes". En La Nación, 21 de Noviembre de 2010. Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1326830
Egitto, R. (2010) Compensatorios. En: “Se cayó el sistema”. Coop. Chilavert. Buenos Aires. (Se reproduce al final de la entrada)
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Bibliografía:
Antelo E. (2009) “¿Hacia dónde va el oficio docente?”, en Los gajes del oficio. Enseñanza, Formación y Pedagogía. Buenos Aires, Editorial Aique. (Capítulo 8)
Deleuze, G. (1995) "Post-scriptum sobre las sociedades de control", en Conversaciones, Pre-textos, Valencia, disponible en: http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T10_Docu1_Conversaciones_Deleuze.pdf.
Duschatzky, S. y Corea, C. (2002) Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Buenos Aires, Paidós. (Capítulos 1, 2 y 3).
Giddens, A. (2000) “Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas”. Ed. Taurus Madrid. (Capítulo: Riesgos)
Sennett, R. (2006) La cultura en el nuevo capitalismo. Barcelona, Anagrama. (Caps. 1 y 2)
Tenti, E. (2007) “Consideraciones sociológicas sobre la profesionalización docente”; en Educación Social, Campinas, Vol. 28, Nº 99.
Tiramonti, G. (2006) “Procesos de individualización en jóvenes escolarizados de sectores medios y altos en la Argentina” en Revista Mexicana de Investigación Educativa, Nº 29.
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COMPENSATORIOS
Pedro Altamirano toma con parsimonia el café con leche, mientras comienza a corregir el cuarto compensatorio que les ha tomado a los alumnos del último año de la E.G.B de una escuela privada del oeste del conurbano bonaerense. Mientras ordena las evaluaciones en tema uno y tema dos, recuerda que ninguno de los alumnos manifestó tensión en el momento en que repartía los respectivos cuestionarios. Al mismo tiempo observa que una parte importante de los exámenes contienen un sello con el nombre del alumno en el margen de la hoja. Brian López, de 17 años, que entregó la hoja en blanco y preguntó cuándo se recupera también tiene la hoja sellada. Además, las evaluaciones tienen un uso excesivo de liquid paper. En todos los casos, Altamirano escribe puntillosamente en los márgenes los errores y omisiones, para que "la familia tenga la orientación necesaria", según el discurso de la coordinadora del nivel.
Una vez que corrige el tema uno, abandona por un momento los compensatorios y toma la evaluación de la alumna Maldonado, perteneciente al nivel polimodal. Corrige con rigurosidad los primeros cinco puntos del examen. Constata nuevamente que la alumna manifiesta confusiones importantes y otra vez desconoce las principales características del modelo agroexportador.
Mientras corrige, vienen a su cerebro todos los detalles del caso Maldonado. La madre de la alumna, propietaria del complejo de paddle más importante de la zona, exigió una entrevista con la inspectora zonal y lo acusó de discriminar a su hija. Según la perspectiva de la señora Maldonado, Altamirano había agredido psicológica y moralmente a su hija cuando le comunicó delante de todo el curso que tenía un uno por no saber la lección oral del día y además le sugirió más dedicación en el estudio porque de lo contrario iba a tener que rendir la disciplina en los exámenes de marzo.
Cuando fue citado por la inspectora en un despacho del Consejo Escolar, Altamirano percibió que la funcionaria atendía con dedicación y esmero a numerosos padres que se acercaban a dicha oficina pública exigiendo explicaciones sobre la desaprobación de sus hijos, agraviando con juicios apresurados a las instituciones educativas y a sus docentes. Ese día comprendió con amargura que la intervención de los padres en el proceso pedagógico estaba avalada por las instancias superiores.
Mientras una gotera caía persistentemente sobre un balde de plástico, la funcionaria lo interrogó sobre las circunstancias que lo llevaron a aplazar a la alumna Maldonado. “Tiene un aplazo simplemente porque no estudia los contenidos”- dijo parcamente Altamirano. Luego, la inspectora le recomendó que tuviera en cuenta las capacidades emocionales de los adolescentes, según ella, más propensos a los trabajos grupales que a las lecciones orales. Por último, le dijo: “Altamirano, recuerde siempre que los exámenes son en Febrero y no en Marzo”.
Hasta hace un tiempo, Altamirano concurría con entusiasmo al Consejo Escolar con la intención de tomar horas en colegios estatales. Ahora ya no concurre. Es consciente de que ha perdido un espacio educativo interesante pero la inscripción anual a la docencia resultaba ser, cada vez más, un trámite para el cual no contaba con las fuerzas necesarias.
De todos modos, su alejamiento de las escuelas estatales no está vinculado únicamente con su ineficiencia para completar los formularios y presentarlos en una carpeta de tres solapas. Su relación con la educación pública se fue deteriorando cuando comprendió en los actos públicos que las maestras recicladas con un curso en el centro de investigación educativa municipal contaban con una ubicación de privilegio en el listado que les permitía acaparar sin culpa casi todos los módulos de Ciencias Sociales en las escuelas del distrito.
De todos modos, en contadas ocasiones pudo acceder mediante el acto público a tomar algunas horas de Historia Mundial Contemporánea en el ciclo polimodal. En esos actos públicos superó con una ventaja mínima a un pelotón de abogados que consideran a la docencia como una salida laboral en tiempos de crisis. Así pues, este grupo de "Doctores", por sugerencia del gremio y con el objetivo de conseguir un certificado que les permitiera reciclarse en profesores de Historia, concurre a la capacitación que ofrece un instituto privado de la zona. Ávidos de horas, aparecen unos instantes antes de que se inicie el acto público y en muchos casos cuando comprenden que no podrán apropiarse de ninguna, impugnan el concurso alegando supuestas irregularidades. Altamirano recuerda con emoción los años de docencia en la escuela pública. El detonante crucial que provocó la decisión de Altamirano de retirarse del ámbito estatal aconteció cuando la Directora le comunicó que iba a ser reemplazado por una docente que aún no se había graduado. Aunque Altamirano reclamó la devolución de sus horas en el sindicato y en el Consejo Escolar, nada pudo hacer. Según le explicó el Consejero escolar -un exalumno mediocre que abandonó los estudios para dedicarse a la política-, el desplazamiento era la consecuencia del MAD (movimiento anual docente) ya que dicha profesora había solicitado acrecentamiento. Estos conceptos siempre resultaron extraños para Altamirano que nunca terminó de entender los códigos de los docentes estatales, muchos de ellos lectores obsesivos de los artículos e incisos del estatuto docente, un saber que les produce orgullo y por el cual siempre se muestran dispuestos a dar una clase magistral en la sala de profesores.
El caso Maldonado repercutió bastante en el Colegio. Altamirano ha comprendido que la entrada de la madre a la escuela produce una tensión que no se descomprime hasta que las autoridades perciben que ha venido solo a abonar la cuota. Por otra parte, el personal directivo de la escuela realiza un seguimiento especial del desempeño de la alumna y el cuerpo de psicopedagogos de la institución ha implementado una serie de actividades especiales con el objetivo primordial de alcanzar la contención social de la alumna. Así pues, los psicopedagogos han determinado que la alumna Maldonado "no puede concentrar la atención" porque en el pasado mes de abril se le murió su perra Lola.
Pedro Altamirano ahora corrige el tema dos de los compensatorios y va apilando las evaluaciones en el borde de la mesa. Guarda la evaluación de Maldonado con cinco puntos corregidos, en una carpeta y decide culminar la corrección en su casa. Para trabajar con más comodidad, procura unir su mesa con otra cercana pero le resulta imposible. Están atornilladas al piso. Cuando culmina con el último examen, separa los tres aprobados que lograron superar esta nueva instancia. A los restantes alumnos, les deberá volver a explicar el tema, procurando según la óptica de la coordinadora del nivel -una joven arquitecta reciclada ahora en docente de matemática- "encontrar las estrategias motivadoras que les permitan a estos alumnos acreditar las competencias del área de Ciencias Sociales para poder insertarse en el mercado laboral."
Cabe aclarar que las desavenencias entre Pedro Altamirano y la coordinadora han sido frecuentes en las últimas jornadas de perfeccionamiento. Citemos tan solo algunos ejemplos para no aburrir al lector: Altamirano no se mostró dispuesto a cuidar a los alumnos en el recreo, cuestionó la permanencia en la escuela del alumno Jonathan Moreno quien insultó a los gritos a la colega de Lengua y Literatura en el último examen; y por otra parte advirtió que no estaba dispuesto a ceder sus horas para que los alumnos prepararan la fiesta de Halloween.
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